El decreto de amnistía para la liberación presos políticos y los presos de conciencia que fue aprobado hace unos días por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo.
El decreto establece conceder amnistía general, amplia e incondicional a favor de las personas en contra se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesados o se haya dictado sentencia firme por motivaciones políticas.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos es del criterio que mientras no se llegue a un acuerdo sobre la junta directiva del Congreso Nacional, todos los actos que ahí se establezcan son nulos.
El polémico decreto es considerado por varios sectores como un acto de impunidad. » es un blindaje y los hondureños estamos sumamente decepcionados», expresó Oliver Erazo, abogado constitucionalista.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Daniel Fortín, dijo que el empresarial se encuentra preocupados, porque el actual gobierno llegó con la intención de un cambio para Honduras.
«Estamos viendo que eso no se está haciendo, primero porque no tenemos seguridad de que el Congreso está constituido legalmente y por otro lado nos dijeron que sería un gobierno de integración y eso no está pasando», apuntó.
El diputado Rasel Tomé dijo que el decreto tiene como propósito que los hechos del Golpe de Estado del 2009 no se repitan en Honduras. «Presentamos este decreto basados en el que el golpe del estado para acá hay personas procesadas, condenados y exiliados por cuestiones políticas, pero será el juez el que decidirá si amplia o no el decreto en los diferentes casos».
