Este instrumento de protección surge como una propuesta de la sociedad civil ante la grave situación que se enfrentan las víctimas del golpe y de la Dictadura, y busca poner un alto inmediato a la persecución política.
Después del golpe de Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial se convirtieron en instrumentos del Régimen, iniciando una cruenta persecución contra todo ciudadano que se opuso al Gobierno de Facto y a la Dictadura que se instaló durante los doce años siguientes.
Durante todo este tiempo, promovieron juicios contra el Presidente derrocado y sus funcionarios, contra los ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta social, acciones de desobediencia civil y lucharon por la defensa de la democracia, todos ellos convertidos por el Régimen en presos políticos, presos de conciencia, perseguidos o exiliados. Este aparato judicial politizado y envilecido, de manera vergonzosa obedece órdenes superiores, olvidando su condición de jueces, se convierten en SICARIOS que, bajo una apariencia de legalidad, realizan acciones por motivaciones políticas (lawfare).
La comunidad internacional exigió en reiteradas ocasiones a la Dictadura poner fin a la persecución y liberar a los presos políticos. En este contexto, la Comisión Especial de la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación Nacional, concluyeron que estos juicios son políticamente motivados y recomendaron ponerles término. Recientemente, la CIDH admitió la demanda contra el Estado de Honduras por el Golpe de Estado y la persecución política.
Es importante hacer del conocimiento de toda la sociedad, que la Ley de Amnistía otorga al COFADEH la alta responsabilidad de ejercer el control desde la sociedad civil para calificar cuáles serán los casos en los que se aplicará la amnistía. Solo una constancia emitida por el COFADEH, que contenga una relación de hechos y una justificación amplia, clara y suficiente, de la condición de perseguido o preso político del encausado, será el documento que permitirá al operador de justicia aplicar el beneficio de la misma.
Finalmente, queremos agradecer a la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento por haber presentado el anteproyecto de Ley como una iniciativa de Poder Ejecutivo en cumplimiento a un compromiso de su Plan de Gobierno, así como al Congreso Nacional por haber incluido este Proyecto dentro de los primeros puntos de su agenda legislativa.