San Ysidro (EE. UU.). Mientras en la frontera reinaba el desconcierto, las organizaciones se negaron a aceptar el reinicio del plan que impuso en 2019 el gobierno de Donald Trump para obligar a cerca de 70,000 solicitantes de asilo a aguardar en México a que se resolvieran sus pedidos en EE. UU.
«Nosotros no vamos a apoyar porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal», dijo a Efe la directora de la organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado, Nicole Ramos. «Vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo».
Ramos cuestionó los argumentos en los que desde su origen se basa este polémico programa que, según reportes de grupos de derechos civiles, ha puesto en peligro la vida de los solicitantes de asilo en México.
«Cómo es que la agencia más grande del gobierno de EE. UU. (CBP), con más de 60,000 oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes», dijo la abogada. (EFE)