Por: Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional en Comercio y Aduanas
La semana pasada varios grupos sindicales en México y los EUA presentaron una queja de carácter laboral contra una empresa de autopartes asentada en Tamaulipas (Matamoros) México, TRIDONEX, cuya casa matriz está en Filadelfia y de capital canadiense, con el apoyo de la poderosa central sindical de los AFL-CIO presentó una demanda laboral en la institucionalidad creada en el reciente acuerdo comercial de los EUA, México y Canadá, una de las herencias bipartidistas del presidente Donald Trump.
Es la primera vez que se utiliza el T-MEC y sus novedosos mecanismos de “respuesta rápida” para gestionar quejas sobre posibles violaciones en materia laboral o medio ambiental. Recordemos que las relaciones comerciales entre los tres países se regían hasta el año pasado -principalmente- por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), acuerdo comercial que fue atacado duramente por el presidente Trump y cuya evolución, resultó en el T-MEC. La idea original y donde coincidieron Trump con la oposición demócrata en el Congreso era restringir la salida de empresas de los EUA a México, aprovechando costos de mano de obra más barata, incluyendo cláusulas y mecanismos con mas “dientes” en el tratado, de carácter laboral y medio ambiental.
El motivo de la queja sindical o más bien la acusación, es que algunas empresas exportadoras no garantizan derechos básicos en materia laboral (de la legislación mexicana) como la conformación de sindicatos independientes y que la empresa ha montado -según la acusación- sindicatos de protección, figuras que según la central obrera no permiten organizarse libremente y negociar de manera adecuada los convenios colectivos.
Dejando afuera la acusación específica, se trata de un asunto de especial interés para Centroamérica, no solamente para la patronal mexicana (COPARMEX) y la misma empresa, que puede perder sus preferencias arancelarias en el peor de los casos, más bien, al tratarse del primer caso de la utilización de este mecanismo, se puede iniciar una “epidemia” de casos similares, donde estas centrales obreras en los EUA, que no esconden su interés en regresar empresas maquiladoras a su país, o evitar nuevas inversiones en países como Honduras. Su visión es que se trata de un juego de suma cero, donde empleo creado en nuestra región para plantas productivas es un empleo menos en los EUA.
Si bien es cierto, el T-MEC es un tratado diferente e independiente al CAFTA-RD, este último también contiene elementos y mecanismos donde se pueden presentar estas quejas. Administrativamente, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Ministerio de Trabajo son los responsables de tener el recurso humano, los peritos, expertos que puedan en su momento defender los intereses nacionales. Valdría la pena hacer una evaluación de estos aspectos a nivel nacional y regional.
El peso de las exportaciones hondureñas y la inversión extranjera directa en la creación de nuevas fuentes de trabajo, especialmente para los más jóvenes es innegable. Negociar y firmar tratados del libre comercio es muy importante, pero también lo es, crear y mantener una institucionalidad en los sectores público y privado, que sepan responder adecuadamente frente a los retos que representa el cumplimiento de los compromisos adquiridos y gestionar potenciales querellas de la diplomacia comercial.