Por: Carolina Alduvín
En las últimas dos semanas, los medios han difundido las protestas callejeras en esta república sudamericana, reflejan una crisis económica, social y política, que tuvo como detonante el fallido proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno al Congreso de la República, mismo que fuera retirado ante el rechazo de amplios sectores populares, las masivas protestas y la movilización social. Tal proyecto vulneraría profundamente la calidad de vida e ingresos de la clase media y de los grupos de escasos recursos.
La crisis, es resultado de la frustración e ira contenidas desde hace mucho tiempo, al no disponer la sociedad civil y los sectores populares de espacios institucionalizados y eficaces de concertación para expresarse sobre los proyectos gubernamentales en asuntos básicos para el desarrollo del país, sobre todo, en lo que se refiere a empleo e ingresos que, como en todo el mundo, se han agudizado por la pandemia y su manejo por parte del gobierno. Han tenido una ineficaz concertación del salario mínimo, al igual que de políticas sociales y laborales contempladas en su Constitución de 1991.
Hubo acción provocadora y violenta por parte de minorías ajenas a la movilización social, aunadas a un mal manejo y exceso de fuerza frente al legítimo derecho a la protesta, desembocando en el caos que hemos visto. En el fondo, hay una crisis mayor, compleja, en la que se superponen e interconectan factores económico-financieros, sociales, sanitarios y ambientales, derivados del modelo económico que depende de actividades extractivas centrado en energías no renovables, obsoletas y que han dejado de garantizar rendimientos.
A todo, se agrega la corrupción, la extensión de la economía y la cultura del narcotráfico en una escala sin precedentes y la violación de los derechos humanos. Para sortear la crisis, el hermano país requiere de una estrategia de mitigación de corto y mediano plazo, de medidas correctivas de largo plazo en el contexto de una visión transformadora de su sociedad y de políticas que la hagan más inclusiva, sostenible y con mayor cohesión social.
El gobierno ha ignorado las causas estructurales de los problemas que agobian a las grandes mayorías, tratando a las manifestaciones de descontento solamente como un asunto de orden público y de policía, atribuyéndolo exclusivamente a la pandemia; la clase política, se ha desconectado del resto de la población y ha abandonado las prácticas democráticas escudándose desde marzo del año pasado en decretos promulgados bajo régimen de excepción.
Con ciertas variantes, incluso agravantes, pareciera reflejar la situación de Honduras y de otras repúblicas del continente; hace tres años, en Nicaragua se intentó una reforma a las cotizaciones para el seguro social y las protestas se salieron de control, la represión fue brutal y el régimen sandinista se ha mantenido, el repudio popular podría no reflejarse en los próximos comicios. En México, hay elecciones intermedias en menos de un mes, mucho descontento reflejado en las columnas de sus diarios, en las redes sociales, entre sus mejores intelectuales, votantes abiertamente arrepentidos y una larga lista de desaciertos de la actual administración; sin embargo, las encuestas aun reportan una mayoría simpatizante al partido de gobierno.
Aquí, la situación fiscal amerita un paquetazo, tanto para cubrir la brecha presupuestaria, como para suplir el enorme déficit de todo y honrar las nuevas deudas contraídas con la excusa de la pandemia, que ha sido la oportunidad para el latrocinio más descarado e inhumano de la historia republicana, al grado que hasta gobiernos locales no fronterizos están mendigando vacunas a un gobernante vecino. A pocos meses de elecciones generales, nuestro impopular presidente no va a apostar la poca tranquilidad que le queda para ajustar las finanzas, pero igual la población se está desesperando porque cree que la solución a sus problemas son los fármacos que se negociaron muy extemporáneamente.
La bomba, tiene entonces un mecanismo de reloj andando, tal vez se detiene si entre otros, se fortalece la democracia, se respetan los derechos ciudadanos, se reactiva la economía, se brinda salud y educación de calidad, se termina la inseguridad y se vislumbra un futuro para los jóvenes.