El Ministerio Público presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de no autorizar la reserva de una información solicitada por la Fiscalía.
De acuerdo a lo anterior, la sala constitucional admitió el amparo con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente.
Lo anterior fue presentado por el fiscal adjunto Daniel Sibrián contra la resolución SO-075-2020 emitida por el IAIP en fecha 9 de octubre del 2020, que resolvió una solicitud de clasificación información pública como reservada, contenida en el acuerdo N° FGR-007-2018 de fecha 6 de abril del 2018, promovida por el fiscal general de la República Óscar Chinchilla. (XM)
Fiscal Adjunto: “IAIP quiere que se revele la estrategia de operativos”
El Fiscal Adjunto de la República, Daniel Sibrian explicó en que va orientado el amparo constitucional contra la determinación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), “por ejemplo, nosotros mantenemos bajo reserva información de quienes nos alquila una casa segura, donde descansan víctimas y testigos protegidos, ellos dicen que no debe de ser observado como una reserva, lo cual implica que se tiene que proporcionar a detalle de donde se encuentran esas viviendas, poniendo en riesgo a las víctimas, testigos, investigadores, no están entendiendo el sentido de la reserva, la tiene que ver no solo con fuentes de información y de lo que está dentro del proceso, todo lo que puede implicar un riesgo para los fiscales, agentes de investigación, testigos y testigos protegidos y demás sujetos pasivos del proceso penal”.
Continuó que “quieren que revelemos hasta los lugares donde se ubican las casas seguras y las estrategias en los procesos de investigación, operativos, equipo de tecnología, nos están negando un acuerdo de reserva de información, desconociendo el contenido del artículo 275 del Código Procesal Penal ”.
En ese sentido, manifestó que “miembros del crimen organizado que manejen esa información la puede utilizar para atentar o intimidar a testigos, fiscales, agentes, poniendo en riesgo la vida, integridad física de las personas que están participando en el proceso”.
“Son 42 puntos de reserva, vinculados a la investigación y nos deniegan 38, es decir que el crimen organizado puede pedir cualquier información y tenemos que darles hasta las direcciones de las víctimas del delito y los testigos protegidos”, señaló.
De esta manera, sostuvo que “quiere que se revele información relacionada a la estrategia de los operativos de investigación, no se puede decir cómo se preparan, que personas son las que intervienen, colaboradores, pero ellos dicen que se debe de informar porque eso se maneja con fondos públicos, efectivamente, pero no se puede poner el acceso a la información de cómo se financia un operativo, por sobre el éxito de las investigaciones, y dos por sobre la seguridad de las personas que participan en los mismos”.
“Lo anterior es sin perjuicio de que estas erogaciones sean auditadas como sucede regularmente en legal y debida forma por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), p ero no debemos confundir este acceso y transparencia, con la auditoría de estos datos facilitados a cualquier miembro del crimen común u organizado, disfrazado de un ciudadano común”. (XM)
Comisionada del IAIP: “No posee todo el respaldo jurídico”
La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, explicó que “el Ministerio Público es el peticionario en este caso ante la Sala de lo Constitucional por una decisión que el IAIP tomó de no autorizarles reserva de información”.
Recordó que cuando ella junto con los demás comisionados tomaron posesión en el IAIP, resolvieron varios expedientes que quedaron pendientes por la administración anterior, entre ellas la petición del MP.
“Luego de estudiar toda la documentación remitida, el pleno de comisionados acordó dar una reserva de información parcialmente a todo lo peticionado”, indicó la comisionada.
Sin embargo, señaló que la Fiscalía no quedó contenta con la resolución y presentó un recurso de revisión, pero el IAIP ratificó su decisión.
Precisó que el siguiente paso del Ministerio Público es la interponer un recurso de amparo y esperar la resolución de la Sala Constitucional.
La funcionaria sostuvo que la solicitud de reserva de información del ente acusador del Estado no posee todo el respaldo jurídico para el pleno de comisionados del IAIP.
Por lo tanto, apuntó que temas relacionados a gastos que realizan instituciones no pueden ser reservados a la sociedad. (XM)