Por: Edmundo Orellana
Motivado por las decisiones políticas y judiciales de las autoridades estadounidenses y por el giro de las elecciones primarias, rechazo la representación que ostenta el gobernante y no reconozco aquellos candidatos que resulten del monstruoso fraude fraguado por los políticos en el seno de sus partidos en las primarias.
En mi condición de ciudadano rechazo que me represente, en calidad de gobernante del país, quien está señalado por los tribunales federales gringos como participante activo del crimen organizado, poniendo a disposición las instituciones estatales para el trasiego de la droga hacia Estados Unidos. No reconozco su autoridad, igual que desconocí, en su momento, a quien usurpó la Presidencia de la República en el 2009, por lo que, en mi condición de diputado, arguyendo que el Congreso Nacional había perpetrado un golpe de Estado y, por consiguiente, perdido su legitimidad, rechacé reintegrarme al mismo, en donde, además, se debatirían y aprobarían proyectos de ley remitidos por el usurpador, y, en consecuencia, de haber participado en esas discusiones y aprobaciones, habría reconocido legalidad a la usurpación. Me reintegré, exigiendo el retorno al orden constitucional, hasta que el mismo presidente Zelaya se sometió al veredicto de los diputados.
Como en esa ocasión, hoy rechazo la investidura del gobernante y su autoridad y la de todos aquellos que ofenden su investidura ejerciendo arbitrariamente sus funciones o se inhiban en aquellos casos que, por mandato constitucional y legal, están obligados a actuar.
No comprendo por qué los diputados de la oposición aceptan discutir proyectos de ley provenientes de un gobernante que perdió la legitimidad de su investidura. O bien son cómplices o ignoran la irregularidad de la situación. Decida usted, estimado lector.
Rechazo también los resultados del monstruoso fraude cometido por los políticos en el seno de sus partidos en contra de sus propios correligionarios. Si son capaces de hacer fraude a los suyos, de qué no serán capaces con sus adversarios políticos. No puedo ni debo aceptar los candidatos del fraude, como tampoco debe aceptarlos el CNE, cuya obligación es dotar de credibilidad los resultados, depurándolos.
Me resisto a creer que el pueblo hondureño haya votado masivamente por aquellos que le han hecho tanto daño, robándole el dinero destinado a la salud, educación, seguridad, etc. Me niego a aceptar que, siendo su víctima, el pueblo haya votado por sus victimarios, favoreciendo a reconocidos personajes sometidos a investigación o procesados por corrupción, narcotráfico o lavado de activos. Me inclino por la tesis de quienes sostienen, guiándose por experiencias de pasadas elecciones, que el voto ciudadano fue capturado en las MER, cuyos integrantes, en su condición de representantes de los políticos, se lo atribuyeron a quienes estos ordenaron, incurriendo en delito.
No debemos permitir que la élite política corrupta de los partidos políticos nos obligue a votar por sus candidatos, producto de imposiciones y fraude, exigiendo al CNE que honre su deber de depurar los resultados.
Como ciudadano no votaré en las generales por ningún candidato que sea producto del fraude o que, aun siendo votado masivamente en primarias, lleve la impronta del estigma del delito en su conciencia. No se trata de escrúpulos éticos, que parece son cosa del pasado y rechazados, por considerarlos simples mojigaterías, por los dirigentes políticos de hoy, sino de cuestiones estrictamente prácticas referidas a la importancia del voto, puesto que con el suyo, estimado lector, elegirá a quien debe limpiar la estropeada imagen del país que deja JOH, al extremo de que países amigos rechazan el trato directo con el gobierno, y también elegirá a quienes nombrarán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y al nuevo fiscal general.
Si elige a candidatos estigmatizados por la corrupción, el narcotráfico o el lavado de activos el crimen organizado gobernará por cuatro años más el país, usando el sistema de justicia -cuyas profundas falencias se exhiben en cada condena que los tribunales gringos aplican a narcos hondureños- para garantizar la impunidad de sus delitos. Si los votó en primarias cayó en la trampa que le tendió la élite política corrupta del país, interesada en prolongar la corrupción de las instituciones, pero si también los favorece con su voto en las generales, se convertirá en su cómplice. De su voto depende que recuperemos el honor de la República, evitando que el gobierno y el sistema de justicia sigan siendo motivo de vergüenza nacional.
La desobediencia civil es la opción, derecho que nos concede la Constitución, hasta lograr que renuncie el gobernante. Exijamos también, para evitar que el voto ciudadano sea capturado nuevamente para favorecer al crimen organizado, una nueva ley que modernice el sistema electoral, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?