Por: Juan Ramón Martínez
I
En 1889, las autoridades municipales de Tela. toman conciencia de la falta de población. En el acta municipal de enero 18 se lee: “Considerando que se hace necesario dictar una disposición tendiente a traer vecinos, importante para el fomento a la agricultura y al aumento de la población. Se discutió y votó por la mayoría, que considerando que para lograr el desarrollo de la agricultura de este puerto se necesita el incremento de inmigración y que esta, no obstante, las leyes del país que la protegen, la Corporación Municipal en vista de la deficiente población y el insuficiente ramo agrícola se halla en el deber de hacer un llamamiento a nacionales o extranjeros mediante concesiones que no afecten el tesoro Municipal; y que considerando, que atraído los inmigrantes la única afectación que tendría el tesoro será la de no cobrar la prestación personal, la cual en el presente año se ha dispuesto exigir solamente la de la contribución de caminos por llenarse con otras ramas los ingresos y egresos del presupuesto. Por tanto, decreta: 1. Todas las personas que se presenten a la autoridad con el objeto de domiciliarse, que edifiquen casa en la población o sus aldeas y se dediquen a la agricultura se les otorga el plazo de 4 años para no pagar la prestación personal y cargos públicos. 2. De la presente, se sacará copia autorizada para remitirla al supremo Gobierno, suplicándole la debida aprobación y publicación en el periódico oficial, con lo cual se dio por terminada la sesión, y firmaron: Dionisio Ramírez, José María Matute, Prudencio Reina, Prudencio Reyes, Juan Rosa Cárcamo, Secretario”. Con este llamamiento a nacionales y extranjeros, comenzaron a venir salvadoreños, beliceños, cubanos y de Olancho y Cortés. Los norteamericanos vinieron hasta 1902, en el gobierno de Terencio Sierra. (Rafael Ángel Elvir, “La Villa de Triunfo de la Cruz en la Historia”, páginas 70 y 71).
II
“El acta del 15 de septiembre de 1821 fue generalmente aclamada en todas las provincias del reino de Guatemala y calificada por los salvadoreños como “monumento sagrado de nuestra libertad”. Por medio de este documento, se proclamó de derecho y de hecho la independencia definitiva, general y absoluta de la Antigua Capitanía General de Guatemala, pues a partir de dicha fecha Centro América quedó totalmente desligada del gobierno monárquico español. Alcanzada esa conquista, únicamente quedo pendiente el resolver si las provincias de la antigua colonia española formarían por sí solas una nación libre, soberana e independiente; o entrarían a formar parte del imperio mexicano creado por el Plan de Iguala, decisión que se reservó a un Congreso Nacional, que debía reunirse el primero de marzo de 1822. Sucesos adversos impidieron la reunión de esta magna representación nacional”. (Jorge Larde y Larin, “El Acta de Independencia de Centro América”, página 15). Las provincias pasaron, por la fuerza y el consentimiento de las élites conservadoras, parte de imperio mexicano presidido por Agustín de Iturbide.
III
“El 13 de marzo de 1832 llegaron al lugar denominado Jocoro, seiscientos hombres salvadoreños bien armados y equipados al mando del Jefe del Estado, señor José María Cornejo y el general Vicente Villaseñor, con el objeto de batir al general Francisco Morazán, presidente de Centro América, quien al frente de un ejército guatemalteco-hondureño-nicaragüense, trataba de reducir al orden al jefe de estado insurrecto. Días atrás la Asamblea Legislativa de El Salvador, instigada por el jefe de Estado Cornejo, y en solidaridad con el movimiento sedicioso estallado en la frontera de México y en Omoa y Trujillo había prohibido que el presidente Morazán pusiera los pies en territorio salvadoreño. El presidente, siempre conciliador, se había movilizado apenas con 28 hombres, había lanzado a la consideración del pueblo salvadoreño el Manifiesto de Jalpatagua y en tren enteramente pacifico había llegado a la ciudad de Santa Ana. Pero el jefe de Estado salvadoreño Cornejo envió contra él un ejército al mando de su futuro compañero de patíbulo, general Vicente Villaseñor, y Morazán había tenido que retornar a Guatemala. Inmediatamente preparó el ataque. Se trasladó con algunos efectivos a Chiquimula; después pasó a Comayagua; pidió auxilios al jefe de Estado de Nicaragua, ciudadano Dionisio de Herrera, y con un ejército adecuado invadió El Salvador por el departamento de San Miguel, dispuesto a dar severa lección al jefe de Estado que había traicionado a la Federación. El choque se inició a las dos de la mañana del 14 de marzo de 1832 cuando una avanzada morazánica se enfrentó con un contingente salvadoreño. Morazán cubrió la retaguardia adversaria con el batallón número 1 de la división de Nicaragua, con cien hondureños del mismo cuerpo y con una compañía de caballería y mientras esperaba que despuntara el día para reconocer el campo y disponer el ataque, a las tres y media de la madrugada, las tropas de Cornejo abrieron fuego por la derecha manteniendo tal ataque hasta después de amanecer. Morazán contraataco en la manera que le era característica, en forma cerrada y maciza, pero a los primeros tiros de la primera compañía del batallón número 2, mandada por el coronel Ramón Valladares, las tropas de Cornejo huyeron a la desbandada. Cornejo perdió en esta acción, entre muertos, heridos y prisioneros, unos 500 hombres. Con nuevas tropas se acuartelo en San Salvador, mientras Morazán se acercaba desde el Oriente y los generales Marcial Prem y Carlos Salazar avanzaban desde Chalchuapa y Santa Ana. La resistencia de Cornejo en San Salvador fue fácilmente anulada. Arce fue vencido en Soconusco y Domínguez y Guzmán fueron fusilados en Comayagua y Omoa, respectivamente” (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo II, página 89).
IV
“El 25 de septiembre del 2009, el Ministerio Público está determinado, tenemos requerimientos contra él –Manuel Zelaya- esperamos que se presente ante los tribunales, donde le ofrecemos todas las garantías que da la Constitución de la República a fin de que se pueda defender”, dijo el Fiscal Luis Rubí. “Hizo un llamado público al expresidente para que se entregue de forma voluntaria ante los juzgados a responder por las acusaciones entabladas en su contra.” (Juan Ramón Herculano Cruz, secretario general del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, página 310). Por supuesto Zelaya nunca se presentó. Y la Fiscalía General, una vez sustituido Luis Rubí de la titularidad de la misma, desistió de la posibilidad de requerir al expresidente que, más bien, fue premiado por la intervención de los presidentes de Colombia y Venezuela, con el obsequio de un partido que, aunque declinante, sigue vigente en la vida política nacional.