Eduardo Enrique Reina García
“Ninguna solución o actor por sí solo puede hacer frente a los desafíos complejos e interrelacionados a la integridad electoral que surgen de la manipulación de datos, el discurso de odio y las noticias falsas. Estos fenómenos no son nuevos; han formado parte de los ciclos electorales desde el advenimiento de la democracia”. Kofi Annan 1938-2018.
La democracia es mucho más que el simple proceso electoral e “integridad electoral” es mucho más que ir a elecciones cada tal o cual período de tiempo a ejercer el sufragio o resultar electo en el voto popular. Este concepto de “integridad electoral” o “elecciones íntegras” está siendo cada vez más utilizado, y lo derivan principalmente del Derecho Internacional, o de los estándares internacionales reconocidos para el desarrollo de procesos electorales. La importancia de estos estándares fue reconocida en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Naturalmente debe existir una delgada línea de equilibrio entre práctica internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ningún proceso electoral es igual al de ningún otro país, no solo por las circunstancias de desarrollo social, político o económico, o por su forma de definir la democracia o bien por el tipo de sistema electoral que se emplea, sino que también por cómo sus pueblos soberanos lo consideran válido, este es a nuestro juicio también, un elemento esencial de esa integridad electoral. Las variantes pueden ser infinitas, voto directo, voto proporcional, voto en papel, voto electrónico, mayoría simple, balotaje o segunda vuelta, elección uninominal, distritos entre tantos otros temas. En el fondo, lo que le da legitimidad a un proceso electoral es que un pueblo soberano considera que es limpio, válido, libre, honesto y que genere confianza y credibilidad. La confianza es un bien que se tiene o no se tiene. Y este se pude perder y hay que trabajar mucho para recuperarla.
Integridad electoral está relacionada ampliamente con la adherencia a obligaciones y compromisos internacionales, en especial el profesionalismo, imparcialidad, certeza y transparencia en la administración de los procesos electorales, así como la credibilidad en entes que resuelvan cualquier contencioso electoral que pueda surgir. En la práctica internacional hay una serie de instrumentos válidos que toman el tema de los derechos político-electorales y que es obligatorio su cumplimiento para los estados, desde la Declaración Universal para los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José y Convenios contra toda Forma de Discriminación.
Todos estos estándares se fundan en el artículo 21 (3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que declara que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Adicionalmente, las Constituciones Políticas de los Estados en su mayoría coinciden con este principio de respeto a la voluntad soberana.
Elecciones que puedan ser altamente disputadas o competitivas pueden permitir también a la ciudadanía tener un espectro más amplio de escogencia y por lo tanto de oportunidades para corregir los grandes fracasos o crisis que se hayan sufrido en gobernanza de un gobierno en cuanto a corrupción, malas prácticas o pésimos resultados. Entre más íntegro pueda ser un proceso electoral, mayor será la legitimidad, legalidad y exigencia a la conducta de los que resulten electos por parte de los que ejercen el sufragio. Más alto será el estándar ético por exigir. De igual forma entre más corrupto, fraudulento o manipulado pueda ser un proceso electoral, mayor será el daño y el retroceso institucional, y menor el balance adecuado de poderes y de control al abuso de poder.
El domingo 14 de marzo se llevan a cabo elecciones primarias e internas en Honduras, es el proceso electoral de 2021 que comienza y culminará con las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021. En este mismo gran ciclo electoral latinoamericano, como lo ha denominado Zovatto de Idea Internacional, también han ido o van a elecciones Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, México, Nicaragua y Argentina.
Las expectativas que pesan sobre los nuevos órganos electorales son enormes. Se trata de reestablecer la confianza del pueblo hondureño perdida en el proceso electoral y en la institución, no se puede olvidar la génesis de esto, es un ambiente de crisis y confrontación, por elecciones desacreditadas y catalogadas de fraudulentas, con personas que perdieron su vida. No basta solo con tener institucionalidad nueva, es un tema de integralidad del sistema, hay que dejar viejas prácticas.
Al concluir su misión en Honduras los expertos de OEA que trabajaron en el proyecto de reformas que incluían propuesta de nueva institucionalidad y leyes, decían en tono de broma, ahí les dejamos un “Ferrari electoral”, bueno ese diseño de ese Ferrari, requiere no solo la carrocería institucional, necesita de la gasolina y el motor de los recursos adecuados tanto humanos como financieros, y sobre todo de las ruedas que dan leyes apropiadas. Esa máquina no caminará correctamente sin combustible, con un motor viejo o llantas parchadas y lisas. Si lo positivo de todo esto fueron acuerdos políticos por primera vez desde el golpe de Estado de 2009. Hay que entender que hay que terminar de sacar del Ferrari de la línea de producción. Para la gran prueba de fuego de noviembre de 2021, lo más prudente es que las instituciones electorales tengan su ley y recursos adecuados. Queda mucho por hacer y hay que trabajar mucho para que el pueblo recupere la confianza y la esperanza en los procesos electorales, la historia nos juzgará irremediablemente.