EL proceso electoral pasado desembocó en una crisis que echó a perder la mediana confianza ciudadana en los órganos electorales. Un descrédito similar a otras instituciones públicas en la medida que ha venido creciendo el desencanto popular y el hartazgo del amable público hacia la clase política. Algo debía hacerse a la inconveniencia que otro proceso eleccionario estuviese bajo el paraguas de las antiguas instituciones. Así fue que los diputados dispusieron la intervención del RNP maquillándolo como organismo técnico. Le encomendaron una labor mayúscula. Rehacer la base registral completa. Que fuese sustitutiva de los datos contaminados a los que se atribuía el cacareado fraude denunciado por grupos opositores. Meses después convinieron en reformas constitucionales y en sustitución del vetusto TSE crearon un animal bicéfalo. El CNE, con parecidas funciones del TSE, y el TJE, un tribunal para resolver disputas. La vaina de los políticos consiste en calcular erróneamente que, para ganar confianza ciudadana, bastaba cambiar la cúpula –por profesionales de alta calidad– sin dar el dinero para reestructurar el carcomido andamiaje que continúa obediente a sus antiguos jefes.
En otras palabras, pusieron mortales a hacer gigantescas tareas, sin dotarlos de las herramientas y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Tampoco hubo nueva ley electoral. A falta de un ordenamiento jurídico claro, completo y definitivo, han ido de remiendo en remiendo. En uno de los proyectos clavaron que el CNE para reglamentar ocupa unanimidad de sus miembros. Qué bonito. Obligar a que otros hagan lo que ellos, en el hemiciclo legislativo, no pudieron hacer. Si no hubo ley electoral fue porque jamás las fuerzas políticas allí representadas pudieron ponerse de acuerdo. En cambio –vaya cómoda frescura– esperan que los mismos partidos de intereses encontrados lo hagan a niveles inferiores. En otro parche de la ley, no anticiparon forma de convocar pleno del organismo colegiado por ausencia fortuita de un propietario y de los únicos 2 suplentes. En eso golpeó la pandemia. Con tres contagiados de COVID-19 –el representante del PN y 2 suplentes– a escasos días de las elecciones, el CNE con tareas urgentes y decisiones perentorias que tomar, lleva semana y media de no poder sesionar. Y luce que a ninguno de los políticos incumbe. Esperan que haya elecciones –o quizás no sea eso lo que quieren– pero que los consejeros obren milagros. Con bombas que estallan todos los días.
Primero lo de las credenciales de representantes a las MER. Unos las quieren llenas y otros vacías. Y lo más álgido que se venía arrastrando. ¿Quiénes podrán votar y quiénes no, en uso de los listados del censo enviado a la mesa electoral? El proyecto Identifícate, fue un ambicioso emprendimiento que pretendía dar un “ovehaul” a la base registral. O sea, una total depuración, actualización y revisión de las inscripciones. (De esa base de datos sale el censo electoral). Sin embargo, realizar semejante cometido –corregir lo que ancestralmente ha estado malo– no es comida de trompudo. Sobre todo cuando los mismos diputados colocaron en el RNP, un organismo que pretendía ser técnico, a sus activistas –muchos de los cuales no reunían las calificaciones requeridas– a servir de “enroladores”. Y otra cosa sucedió. Alguien no quiso incluir una pregunta clave en el cuestionario de emisión de la nueva tarjeta de identidad: “¿En qué lugar o domicilio votó usted antes?”. A la hora que divulgaron datos preliminares comenzó el Cristo a padecer. Los nacionalistas –que tienen recursos para la movilización y hoy se oponen a los listados adicionales que pretenden corregir inconsistencias de domicilios– fueron los primeros en pegar el grito al cielo denunciando traslape de domicilios. Delito –dijeron– impedir a la gente votar donde acostumbra hacerlo. El RNP intentó hacer rectificaciones. Sin embargo, en medio de la pandemia, a contrarreloj, mientras continuaba “enrolando” ciudadanos, pretendió corregir lo del voto domiciliario. Pero todavía hay cientos de ciudadanos con domicilios equivocados. Va a ser pandemonio y descrédito a las primarias si el día de las elecciones rechazan de las mesas a ciudadanos porque sus nombres no aparecen en esa ubicación. El derecho universal al sufragio prevalece. La Constitución garantiza el ejercicio del sufragio de todos los ciudadanos. La norma pesa por sobre cualquier impedimento administrativo o alegato subalterno. Más bien es “punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. Esa es la génesis de los listados adicionales. Optativo al partido que desee utilizarlos. Para medio enmendar entuertos atribuibles a los mismos políticos reacios a corregir viejos resabios.