Eduardo Enrique Fuentes Cálix
Máster en Gobierno & Administración Pública y catedrático universitario
Nos encontramos a menos de un mes de la celebración de las elecciones primarias e internas en el país. En este proceso electoral, los tres partidos mayoritarios elegirán sus candidatos de cara a las elecciones generales. En el caso del Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación también estarán designando a sus autoridades locales de partido.
Desde el organismo electoral se ha difundido una voz que hace eco de una mal llamada “crisis electoral”. Esta se atribuye a la amenaza que constituye un supuesto interés del partido de gobierno en alterar el desarrollo del proceso electoral, haciendo reiterativo, el anuncio de “fraude electoral” a través de dos puntos claves:
• El Censo Nacional Electoral
• La propuesta de escrutinios locales y municipales
En ese sentido es imperativo señalar que el Censo Nacional Electoral con el cual se desarrollará el proceso electoral del próximo 14 de marzo, es producto del proyecto de identificación nacional dirigido por el Registro Nacional de las Personas. Dentro de esta institución existe representación de las tres fuerzas políticas mayoritarias, por ello se vuelve carente de toda lógica, plantear o señalar que desde un partido en particular se ha establecido una directriz con la finalidad de dañar el proceso. Siendo este el caso, el cuestionamiento debería ser dirigido a las denuncias que se dieron en virtud de la filtración de una serie de audios sobre el tráfico de influencias en el nombramiento de los empleados del proyecto “Identifícate” por parte de la representación de Libre en este organismo.
Por otro lado, ante el planteamiento de que se desarrollen escrutinios a nivel municipal y departamental, dirigidos por comisiones municipales y departamentales de los partidos políticos en contienda, nos encontramos con una propuesta que carece de valor legal, ya que la Ley Electoral y de las organizaciones políticas, le otorga al Consejo Nacional Electoral, en su artículo 15 numeral “…12), la facultad de practicar el escrutinio definitivo, con base a la totalidad de las actas de cierre suscritas por los miembros MER”. Este mismo cuerpo legal, no contempla la figura de comisiones departamentales y municipales en el desarrollo de elecciones primarias e internas. En ese orden de ideas de promover que el organismo electoral delegue una función exclusiva en órganos que no existen, no solo constituye una aberración jurídica sino también un atentado al “principio de legalidad” o de “competencia reglada” que viene a ofender al Estado de derecho y a la institucionalidad electoral del país.
Por esta razón es paradójico señalar una “crisis electoral” cuando en el fondo, los planteamientos, posturas y la falta de coherencia entre lo expresado y lo realizado, genera o produce una verdadera amenaza a la institucionalidad electoral. Máxime, si a esto le sumamos la intransigencia en la toma de decisiones, al punto de suspender una sesión de pleno por no contar con la mayoría de votos para realizar un cometido, y aún más grave resultan los cuestionamientos de la legitimidad de un funcionario electoral por su afiliación política y el caudal electoral del partido al que pertenece, atentando así, al principio básico de la democracia de respeto a las mayorías y minorías en la toma de decisiones del órgano rector de los procesos electorales.
Estos hechos vuelven evidente que, la transformación del sistema electoral, no pasa únicamente por la creación de nuevos organismos, por la aprobación de una nueva ley o por la integración de más partidos políticos en los organismos electorales, pasa en realidad, por la postura de una nueva generación de funcionarios electorales que comprendan que, más allá de su afiliación política, el compromiso institucional y de país, sobrepasa toda postura, todo radicalismo a veces convertidos en caprichos.
Honduras hoy más que nunca exige el desprendimiento de posiciones particulares que lleven a puntos de encuentro que generen certeza, confianza y un rol más protagónico de la ciudadanía en la construcción de la seguridad democrática y fortalecimiento de la calidad de la democracia en el país.