Rafael Delgado
Una vez más el actual círculo gobernante ha mostrado su verdadera naturaleza. Con un decreto reciente modifica los términos de un contrato firmado años atrás bajo la modalidad de una asociación público-privada y de un fideicomiso. Originalmente el contrato estaba dirigido a un proyecto de generación de energía a partir de gas natural, pero ahora se modifica y se otorga la facultad de construir catorce represas a lo largo del país, liberando los proyectos de requisitos que tienen sentido y que ahora solo aplican para otros. Para el caso no son necesarios procesos de licitación abiertos, ni consideraciones ambientales, mucho menos los derechos de las comunidades.
Este acto deja muchas preguntas que se responden entendiendo el trasfondo en el que ocurre. Esto sucede en medio del abrumador repudio hacia la cúpula gobernante que ahora tranza con sectores que considera importante para su sobrevivencia. Hay que analizarlo además en el contexto de los desastres naturales que ocurrieron recientemente. En el caso del Valle de Sula, más que los mantenimientos mínimos de la poca infraestructura construida para tales fines, ningún proyecto integral se emprendió para enfrentar las inundaciones que empiezan desde las altas montañas del país.
Indudablemente que la vulnerabilidad frente a las inundaciones está en alguna medida ligada al sector energético que a través de su institucionalidad pública tuvo que haber emprendido acciones coherentes, libres de corrupción para retener ese caudal para la generación de energía eléctrica. Pero la política energética estuvo desviada a otros propósitos. Por medio de las reformas al sector eléctrico se desató una lucha tenaz entre diferentes grupos económicos por acaparar una cuota en el mercado de generación de energía eléctrica que se logra únicamente congraciándose con el círculo de poder que, a través de instrumentos como los contratos de generación de energía eléctrica, las asociaciones público-privadas y los fideicomisos, ceden derechos y grandes oportunidades de hacer dinero por períodos largos. Lógicamente que ese espacio seguro adjudicado en el mercado no solamente tiene el precio para la energía vendida al sistema eléctrico, sino también otras obligaciones para el generador o concesionarios de las cuales no hay documentos, pero sí evidencias en el juego político del día que las descubren.
Ahora hay desesperación en el gobierno que intenta inútilmente proyectar una imagen de enfoque y concentración en los problemas. Pero lo que ahora ejecuta está marcado por la duda de todos que identifican al vuelo las características oscuras de lo planificado. Particularmente, desde hace varios años se han venido denunciando los abusos que se cometen con los fideicomisos, instrumento legal que se firma con los bancos para entregarle recursos públicos, con la potestad de estructurar proyectos, asignándoles a su vez comités técnicos nombrados por los mismos que hacen el negocio, sometiendo los recursos públicos al secreto de los bancos. Se ha venido insistiendo además en que las asociaciones público-privadas de Coalianza se convirtieron en una invitación abierta para quienes andan buscando la oportunidad de la vida de generar altos rendimientos con cero riesgos para ellos y todas las obligaciones para el Estado; con procedimiento de compra y construcción sin licitaciones abiertas. Todo lo anterior está contenido en la letra y en el espíritu del PCM 138-2020.
Pero hay otras cosas. El problema de las inundaciones se resuelve desde sus orígenes, es decir eliminando las malas prácticas agropecuarias de pequeños y grandes empresarios que descombran el bosque, contaminan y trastocan el equilibrio natural; evitando la construcción de viviendas en zonas que siempre han sido de alto riesgo. Sin que se aborde este problema, las represas serán solamente un paliativo que pronto será insuficiente ante tanto abuso contra los sistemas naturales. Además, en el caso de las represas, estas se deben construir con procesos limpios en los que los intereses nacionales en cuanto a energía y a control de inundaciones no deben ser víctimas de los negocios entre las camarillas del poder económico y político.