Por: Carolina Alduvín
Algunas organizaciones sociales, más de 40, según dio a conocer un medio digital la semana pasada, han pedido a la ONU integrar una comisión internacional que investigue las acusaciones de narcotráfico e impunidad contra altos funcionarios del gobierno, y proceda penalmente en tribunales de Honduras o en el extranjero. Se entiende la inquietud, lo que llama la atención es, que no siendo nuevas tales acusaciones, estos grupos y las personas que los encabezan, hayan reprimido su clamada sed de justicia todo el tiempo que el rumor lleva circulando y, hasta este año electoral, se les ocurre pedir cuentas. Máxime cuando, según el redactor, invocaron el artículo 3 de la Constitución de la República, que permite la insurrección popular frente a un gobierno ilegítimo que usurpa el poder soberano.
Eso correspondía hacerse desde el momento mismo que la invocada usurpación se consumó; sin embargo, la gran mayoría de los electos en ese mismo cuestionado proceso, militantes en otros partidos, sin pudor alguno, tomaron posesión de sus cargos, avalando con su presencia en el Congreso Nacional, el fraude por el que muchos de sus correligionarios protestaron en las calles, hicieron todo tipo de destrozos y, fueron rociados de lacrimógenos. Desde entonces, han sido partícipes de iniciativas que poco o nada favorecen a la población, plegándose de buena gana a la hora de aceptar los jugosos aumentos de salario que, por hacer poco o nada, cobran.
De cuando en cuando, han pegado cuatro gritos, se quejan de que no les conceden la palabra, o hasta de ser expulsados, se oponen e incluso votan en contra, pero igual retiran sus cheques y dejan pavimentado el camino a la impunidad. Así fue a la hora de aprobar un nuevo Código Penal, que reduce las penas por delitos como narcotráfico, contrabando y fraude contra la administración pública, entre otros; así, se blindan contra posibles acciones penales que pudieran derivar de la comisión de actos ilegales. Tal conducta, hace lucir poco legítimo el que miembros de los partidos que no están en el poder, aparezcan entre los organizadores, aunque lo hagan a título personal. No deja de lucir como un acto oportunista y con intención de catalizar la convulsión del país, con tal de llegar al poder.
Triste y cierto es que Honduras se toma como ejemplo para ilustrar cómo la corrupción puede destruir a un país. En el ranking de Transparencia Internacional, no está entre los peores del mundo, ni siquiera entre los de América, pero sí como uno que lleva años descendiendo en la escala que esa organización compila y que, tan solo en el año recién finalizado, ha sufrido como pocos las consecuencias de esa enorme erosión institucional, tanto que se acerca peligrosamente a considerarse un Estado fallido. Con su economía maltrecha, la violencia y los abusos políticos creciendo, la corrupción podría considerarse la principal actividad económica per se, consume el 12.5% del PIB. Eso está destruyendo a Honduras y la lleva a Estado fallido.
No se renovó el mandato de la MACCIH y en materia legislativa se ha dado un trato legal muy cómodo para los corruptos, a quienes se llegue a encontrar culpables, se les sustituirán penas de cárcel por otras menos restrictivas. Se deja de lado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en otras palabras, para delinquir impunemente, tan solo hay que constituirse como sociedad. También limita la capacidad de los medios de comunicación para destapar casos de corrupción, o sea, ya ni siquiera hay que comprarlos. Muchos de los que votaron a favor de tan nefastos cambios, se sabe que tenían cuentas pendientes con la justicia.
Algo que entusiasma mucho a los militantes de las mencionadas organizaciones es que el Presidente haya sido señalado por fiscales federales de Estados Unidos de haber recibido dinero del narcotráfico para promover su carrera política, a cambio de comprometerse a proteger a esos delincuentes y prestarles apoyo militar para sus actividades. Al parecer, suponen que, en base a eso, lo removerán del poder, o lo someterán a juicio en cuanto termine su mandato; el rumor no es nuevo y si hubiese intención de parte del gobierno norteamericano de hacerlo a un lado, ni siquiera su resultado en las urnas se hubiera reconocido en primer lugar, eso no va a pasar. Tampoco se va por la reelección, lo otro tampoco es probable. Como no lo es el que la ONU resuelva asuntos internos a petición de grupos. Solo hondureños pueden arreglar a Honduras.