Por: Edmundo Orellana
Que nos gobiernen irresponsables no sorprende a quienes pertenecemos a la cuarta edad, puesto que, salvo algunas excepciones, esa ha sido la constante histórica.
Se cuentan con los dedos de una mano, y sobran dedos, los gobiernos cuya política fue mejorar la calidad de vida de la población. Por lo general, se llega al poder sin saber concretamente qué hacer, porque los planes de gobierno propuestos en campaña no pasan de ser una simple formalidad que se olvida en el momento mismo de la toma de posesión por la necesidad de encontrar la forma de lidiar con la avalancha de problemas que heredan del gobierno anterior y los que surgen en la cotidianidad de la nueva gestión.
Algunos llegaron con políticas claramente dañinas para la población, como cuando se introdujo en la dinámica gubernamental la idea de que las funciones y servicios públicos son mercancías y, por ende, deben privatizarse, responsabilizando a la población de su propio bienestar económico y social, y que estos últimos gobiernos llevaron al extremo.
Con estos gobiernos, las élites políticas introdujeron el cinismo más descarado en el manejo de la cosa pública, sin importar formas y formalidades y dando paso a un nuevo modo de hacer política, signado por la inmoralidad y el desprecio, en grado superlativo, hacia la población.
Por esa razón sabíamos que el juicio político contra el gobernante no pasaría del intento por la imposibilidad de lograr la mayoría calificada que se requiere, muy superior a la del juicio político de otro funcionario. Lo que no imaginamos es que diputados de la oposición votasen contra de la iniciativa; sus votos eran innecesarios, porque, para impedir el trámite, bastaban los del partido de gobierno. No les importó comprometer su prestigio personal y político, ni el repudio que tal comportamiento provocaría en la población. Pareciera que su interés era demostrar públicamente su apoyo, para que no hubiera duda sobre su fidelidad al gobernante.
Sobre los que no votaron por estar ausentes surge la duda de si lo hicieron a propósito o si, realmente, les fue imposible asistir. Si hubo abstenciones, es admitir que no se tiene opinión al respecto, lo que resulta reprochable por la gravedad de los señalamientos de la justicia gringa.
También es censurable que, a la fecha, ningún partido haya exigido oficialmente la renuncia del gobernante, considerando que los señalamientos en su contra por la justicia gringa no solo son gravísimos sino también, inequívocamente, incompatibles con el ejercicio de su función. El tema electoral los aturde. No pueden pensar en otra cosa.
Desde la sociedad civil, algunas organizaciones han exigido la renuncia; muy pocas, por cierto. Ningún organismo gremial lo ha exigido formalmente: empresarios, profesionales y trabajadores organizados, guardan silencio; igualmente, los movimientos sociales (salvo algunas manifestaciones, por cierto, muy débiles) y los estudiantiles, tan dispuestos a tomarse las calles por lo que ocurra en Venezuela o Bolivia.
Su mera permanencia en el cargo ofende el honor de la República que nuestra Constitución Política le ordena expresamente “mantener incólume”. Pero a pocas organizaciones importa y a ninguna de orden político.
Esas élites están cambiando radicalmente la perspectiva de lo político en nuestro país. Si nos es indiferente que la investidura de la magistratura más alta, en la que se encarna la República, sea ofendida a ese extremo, también nos será que los políticos carezcan de las cualidades morales mínimas para acceder a los cargos de elección popular.
Por eso no debe extrañarnos que en las planillas a cargos de elección popular aparezcan reconocidos políticos con procesos de corrupción pendientes o que, no obstante las claras evidencias de haber cometido delito de corrupción, fueron exonerados por la justicia formal. Podrán gozar de la presunción de inocencia o disfrutar de una resolución judicial favorable, a todas luces arbitraria; ese no es el punto de discusión. El problema es que carecen de la idoneidad moral para optar a un cargo que requiera la confianza del votante. Pero esto ya no importa. Esa es una visión decadente de la política en Honduras.
“Sorpresas te da la vida”, dice la canción de Blades, y también el nuevo siglo, decimos nosotros, quienes venimos de otros tiempos, ya lejanos, en los que se apreciaba la calidad moral de las personas y su actitud respetuosa y solidaria hacia los demás. Hoy vivimos la postmodernidad, con su mochila de posverdad y demás sorpresas, como la ausencia de elemental humanidad («Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global», dijo la anciana jefa del FMI) y de solidaridad que nos revela la pandemia, particularmente con los más vulnerables; actitudes que nuestra visión, decadente -a la luz del nuevo siglo- y, por supuesto, minoritaria, nos obliga a repudiar con firmeza, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?