Por: Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional en Comercio y Aduanas
Este lunes el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la tercera revisión del desempeño Honduras, en el marco del programa del Acuerdo Stand-by y la Facilidad de Crédito FCS extendiéndolos hasta noviembre del 2021. En términos prácticos y metálicos la revisión permite el desembolso inmediato de aproximadamente US$90 millones para “ayudar a Honduras a cubrir las necesidades de balanza de pagos y financiamiento del presupuesto derivadas de la pandemia y las recientes tormentas tropicales, incluidos los gastos más elevados en salud y beneficios sociales”, según expresa en comunicado oficial el FMI.
Sigue el comunicado de prensa de esta semana, “A pesar de los desafíos de la pandemia, y más recientemente de dos tormentas tropicales, las autoridades siguen firmemente comprometidas con el programa económico apoyado por el FMI. Se han esforzado por responder a estos choques, mantener la estabilidad macroeconómica y proteger el gasto social y la inversión crucial”. Expresiones que seguramente pueden sonar excesivamente generosas para muchos políticos, analistas económicos y en general usuarios de redes sociales, que opinan sobre cualquier cosa.
Por otro lado, los funcionarios públicos encargados de la negociación, que siempre debe ser bien justificada, seguramente argumenten que un país tan pobre como el nuestro, ha sido golpeado debajo de la cintura con dos ganchos y un zurdazo (la pandemia y los recientes huracanes) en menos de nueve meses, y que el gobierno tiene deberes ineludibles como procurar un mínimo de estabilidad macroeconómica para no provocar problemas mayores. Claro está, el dinero no lo es todo, pero cómo ayuda, especialmente en las crisis. Seguramente el presupuesto nacional va a absorber esos 90 millones como un poco de agua vertida en un desierto.
El FMI y el Banco Mundial, han tenido un interés continuo, por apoyar financieramente a los países que más lo requieren y al mismo tiempo, equilibrar esta oferta de nuevos fondos con la necesidad de poner más empeño en la transparencia y lucha contra la corrupción.
El FMI ha creado e implementado una serie de mecanismos que buscan a los gobiernos a mejorar la gestión gubernamental (invertir mejor el dinero público) y luchas contra la corrupción: Los préstamos incluyen condicionalidad relacionadas con buenas gestiones gubernamentales. Se realizan diagnósticos de gobernanza para identificar reformas específicas, se solicita a las autoridades en sus cartas de intención, se comprometan a asegurar que la asistencia de emergencia se utiliza para resolver la crisis actual, de extrema urgencia, y no para otros fines. Por otro lado “el FMI ha pedido a los países miembros que han solicitado asistencia de emergencia que se comprometan a: I) ampliar la declaración de gastos relacionados con la crisis; II) realizar y publicar auditorias ex post independientes de los gastos relacionados con la crisis; III) garantizar la transparencia en la contratación; por ejemplo, mediante la publicación de los contratos de adquisición; y IV) evitar los conflictos de intereses y la corrupción, a través de la publicación de la información sobre propiedad efectiva de las empresas adjudicatarias de contratos de adquisición” y muchos etcéteras que no caben en esta columna, pero existen.
La función de fiscalización sobre lo público, especialmente por deudas que pagarán nuestros nietos, requieren una sociedad civil, partidos políticos y medios de prensa especializados que puedan analizar, cuantificar y dar seguimiento a la manera que se gastan estos recursos. En la era del “big data” no se vale simplemente indicar que algo se ha perdido. Este tipo de fiscalización nos conviene a todos, principiando por este y el próximo gobierno.