Por: Edmundo Orellana
Entre los aspirantes a cargos de elección popular hay unos que están más preparados para gobernar que otros. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿lo estarán en las circunstancias actuales?
La situación del país es por todos conocida. Sabemos de sus contornos trágicos, pero no la conocemos con precisión ni sabemos la forma en que debemos abordar los problemas que entraña porque ignoramos sus alcances. Todo es urgente y prioritario, pero su abordaje requiere saber qué hacer y cómo hacerlo, para no dispersar esfuerzos y recursos, y asegurar la eficacia de las decisiones. Surge, entonces, la pregunta: ¿cómo se están preparando los partidos políticos al respecto?
La política no tiene como finalidad el poder. “El poder por el poder, sentencia Bobbio, es la forma más degenerada del ejercicio de cualquier forma de poder… Si el fin de la política fuera de veras el poder, la política no serviría de nada”. Su finalidad va más allá del ejercicio del poder. Su finalidad es el bienestar sostenido de la población garantizando la dignidad de la persona humana.
Lo que este gobierno legará al próximo es la ruina total del Estado. Sin dinero, ni posibilidades de obtenerlo en tiempo razonable y en las cantidades necesarias, para enfrentar el tsunami de exigencias económicas y sociales de la población, el nuevo gobierno será un fracaso absoluto si no ha planificado qué hacer y carece del apoyo mayoritario de la población para adoptar las decisiones que las circunstancias demandan.
Será un gobierno de pesadilla porque todo lo que tememos ocurrirá. Tendrá que adoptar decisiones que provocarán el rechazo de la población, porque implicarán mayores sacrificios personales en el orden económico y social.
¿Qué hará para generar condiciones que ofrezcan oportunidades de ingresos económicos a esa enorme cantidad de hondureños que han perdido sus empleos o sus empresas durante la pandemia?
¿Cómo hará para conciliar el reclamo que, desde ahora, plantea el sector empresarial de reducir la carga impositiva para salir adelante con la producción, con la necesidad de aumentar los recursos públicos para atender a la población en materia de salud, educación, seguridad, etc., y para luchar contra el crimen organizado?
¿Cómo evitará el desempleo si el Estado y las empresas privadas tendrán que prescindir de parte de su personal por carecer de los recursos para pagar salarios?
Si gana un partido de la oposición (lo que es posible solo si evitan el fraude), habrá que preguntar a los que aspiran por primera vez a diputados: ¿están enterados de que el Legislativo es el poder del Estado más importante porque establece los límites del ejercicio del poder público?, ¿representarán al pueblo o a su partido?, ¿son conscientes de que su primera prioridad será derogar leyes para desmontar la estructura institucional que erigió la dictadura?
En este sentido, ¿conocen las leyes que deben derogar porque le otorgan potestades supremas por sobre los poderes del Estado al gobernante?, ¿conocen las leyes que deben derogar para evitar que siga en venta nuestro territorio y soberanía?, ¿conocen las leyes que deben derogar para revertir el proceso privatizador de los servicios públicos de salud, educación y demás?, ¿conocen los contratos leoninos que deben revisar para evitar que ciertos empresarios sigan explotando al Estado?
También será su responsabilidad garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y reducir la impunidad, mediante la derogación de las leyes que cubren con el manto del “secreto de Estado” las actividades estatales, algunas operaciones financieras y ejecuciones presupuestarias de determinadas instituciones, que disponen de esos recursos discrecionalmente. Igualmente, tendrá que derogar la normativa que pone fuera del alcance de las auditorías estatales a algunas instituciones u organismos del Estado y otras que confieren inmunidad a ciertos funcionarios o reducen las penas para delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, como el Pacto de Impunidad y el Código Penal, entre otras leyes. En este punto cabe preguntarse: ¿tienen esos aspirantes a diputados la voluntad de hacerlo?
Para garantizar la seguridad jurídica e iniciar el proceso de construcción del Estado de Derecho, no podrán evitar la adopción de decisiones idóneas en el sistema judicial que aseguren el nombramiento de quienes ostenten los méritos suficientes en la Corte Suprema y en el MP, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿abandonarán los partidos políticos la costumbre de nombrar en esos cargos a los más fieles de sus correligionarios por colocar a los más independientes y capaces? Invito al respetable lector a que responda diciéndoles, con firmeza, a los dirigentes políticos: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?