Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Después de firmada la paz en El Salvador en enero del 1992, visité varias veces ese hermoso país, con la esperanza de ver de cerca el proceso de reconstrucción y de pacificación nacional, que a todas luces demandaba la participación de los ciudadanos, sin distinciones de ninguna especie. El proceso transformador exigía, entre otras cosas, el desarme general de los bandos en pugna, la desintegración de cuerpos militares señalados como violadores de los derechos humanos, pero también, la reestructuración de los entes de justicia y la transparencia de los procesos electorales, como base para ganar aceptación y credibilidad popular.
Grupos de campesinos se integraban en cooperativas para hacer producir la tierra bajo la guía técnica de expertos locales que les enseñaron a organizarse en redes regionales de intercambios comerciales de sus productos. Mientras tanto, las universidades rediseñaban sus programas educativos abriendo carreras de corta duración, a fin de que los graduados pusieran sus conocimientos al servicio de los sectores más afectados por el conflicto armado. En el Estado, las instituciones eran cernidas en el tamiz del rediseño organizacional para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales, fiscalizadas por la veeduría internacional que tenía los ojos puestos en el cumplimiento de los acuerdos. Sin la participación de la comunidad internacional, la reconstrucción del hermano país hubiese resultado en un imposible.
A partir de ese momento, la guerrilla tuvo que replantearse y alistarse para la vida pública, lo que provocó no pocos enconos entre sus dirigentes, mientras la degastada élite nacional admitía con resignación, que los cambios tendrían que llevarse a cabo forzosamente y por necesidad histórica. Pero, en esencia, fue la voluntad política la que imperó en El Salvador durante todo ese interregno del armisticio, estimulado por las partes en discordia que cumplieron a cabalidad los puntos decretados sobre las mesas de negociaciones.
Recuerdo que acudí un par de veces a un restaurante propiedad de un excomandante guerrillero que había combatido en las faldas del Guazapa. Con un ejemplar de la revista ECA en sus manos -que aún conservo-, me contaba anécdotas impresionantes de la guerra, pero, lo que más me sorprendió fue su capacidad analítica para explicar los acontecimientos sociales del momento, con la mentalidad, no de un guerrillero impregnado de consignas, sino, la de un hombre sensato que advertía reiteradamente que, sin liderazgo y honestidad política, ninguna reconstrucción nacional puede gozar de un desenlace feliz.
De ese proceso aprendí que la reconstrucción de un país, después de una catástrofe, acarrea una serie de transformaciones institucionales sin precedentes, que no se agota con la reactivación de la economía, sino, desde el momento en que sus líderes comienzan a aplicar una estrategia de crecimiento económico para asegurar la justa distribución de los recursos. Es en ese momento en que los ciudadanos se convierten en el centro de los objetivos y planes de acción institucionales, en cooperación estrecha con el Estado y las organizaciones intermedias que orbitan fuera del ámbito político. Si un gobierno desea ganar legitimidad y opinión pública favorable es importante que escuche, no a los diputados, sino a los miembros de esas organizaciones y comunidades para integrar sus necesidades y aspiraciones en agendas verificables en los plazos establecidos. Las voces deben transitar en doble vía, para que se conviertan en un diálogo, y no en un avasallador y aborrecible soliloquio impuesto por el más fuerte.
Si un gobierno no procura un diálogo verdadero y fecundo, ninguna reconstrucción y ninguna conciliación serán posible, y los sectores organizados buscarán alternativas para hacerse escuchar. Y, aunque eso sea bueno para la democracia representativa, no lo es para la estabilidad del sistema, sobre todo en una época en que el juego electoral ha perdido prestigio y legitimidad, no quedándoles más opciones a los gobiernos que acudir al autoritarismo para prolongarse en el poder con más fuerza que aprobación popular.