NI cosquillas hizo la amenaza de la Casa Blanca del veto presidencial si no contemplaba la abolición del blindaje que la ley da a los gigantes de las redes sociales. Eximidos de responsabilidad por cualquier cosa que suban –transmitida por terceros– en sus portales informáticos. Trump quería suprimir el blindaje, metiendo una colita derogando la disposición, en el presupuesto de defensa. Sin embargo, los legisladores no quieren verse débiles en su apoyo a los militares. Así que con abrumadora mayoría tanto de demócratas como de republicanos, los congresistas en la Cámara Baja y los senadores en la Alta, aprobaron el presupuesto de defensa para el próximo año. El presupuesto asigna recursos a la defensa por 740,500 millones de dólares. Los votos emitidos superarán con creces la “supermayoría”, ello es los dos tercios necesarios para anular cualquier veto presidencial.
El proyecto de ley ahora va a la Casa Blanca para la firma del Ejecutivo. La aplanadora que votó por la aprobación de la ley, pese a las amenazas, es una clara señal de cómo la influencia del Ejecutivo se debilita cada día que transcurre, con poco tiempo para entregar la silla presidencial a su sucesor. Ello, pese a que Trump todavía no concede la elección, y –alegando un fraude masivo– continúa haciendo esfuerzos en las cortes por darle vuelta a los resultados electorales. Trump amenazó con vetarla, si el texto no incluía la abolición de una ley, conocida como “artículo 230”, que protege la condición jurídica de las redes sociales, a las que acusa de parcialidad en su contra. La crítica a la ley es en doble vía. La molestia de Trump es porque no le dan completa libertad de divulgar sus mensajes en las plataformas. Aduce que ha sido víctima de una gran censura. Que las empresas le violan su libertad de expresión ya que asumen decisiones editoriales sobre lo que permiten, lo que evitan publicar y lo que rotulan. Del otro lado del debate están quienes arguyen que por las redes sociales se transmite mucha basura falsa –incluso racista, xenofóbica, ofensiva y calumniosa–, cuya propagación sin filtro alguno le hace mucho mal a la sociedad. Así que tarde o temprano el blindaje que la ley otorga a los gigantes tecnológicos va a ser examinado con mayor profundidad. Los magnates propietarios de las plataformas varias veces han concurrido a audiencias en los comités fiscalizadores del Congreso norteamericano, a responder cuestionamientos.
En qué medida sus políticas empresariales son beneficiosas o perjudiciales. Aunque lo anterior no es el único tema sobre el que existen diferencias. La Casa Blanca “critica el hecho de que la ley de financiación del Pentágono planea cambiar el nombre de las bases militares en honor a los generales confederados, que defendían la esclavitud”. Aparte de ello Trump –que en las cumbres no ha mostrado química con sus aliados europeos– quiere reducir la presencia militar estadounidense en Alemania. La ley estipula que una retirada militar de Alemania, “en un período de crecientes amenazas en Europa, constituiría un grave error estratégico que debilitaría los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y debilitaría a la OTAN”. Suceda lo que suceda, dada la masiva propagación de esa narrativa de fraude –inducida por la Casa Blanca en la opinión pública– es innegable el golpe asestado a la imagen de ejemplaridad atribuida al sistema democrático electoral estadounidense.