Por: Carolina Alduvín
Es una incómoda verdad que convivimos con la corrupción desde los tiempos coloniales, que siempre se ha supuesto que las arcas nacionales son el botín y trofeo para todo aquel que tenga la audacia y falta de escrúpulos para ir por su contenido, de ahí las guerras. En algún momento se concibió la posibilidad de dejar a un lado las armas y derramamiento de sangre para acceder al erario, que no era posible generar riqueza cuando gran parte de la energía se desviaba a matarse unos a otros, quedando apenas a flote una economía de subsistencia muy precaria, que había casi nada por lo que perder la vida, que la paz podría ser mejor negocio. A paso muy lento se fue organizando la nación, con poca visión de futuro y con la constante amenaza de algún levantamiento en cuanto hubiera algo por lo que valiera la pena arriesgarse.
La historia registra numerosos acontecimientos de ese tipo desde la declaración de independencia hasta más de un siglo después. El caudillismo pasa entonces de las montoneras a los partidos políticos, mientras uno gobierna y se sirve de las arcas, el otro trata de ocupar por la vía electoral las posiciones de poder, los opositores tienen que prometer hasta lo que no hace falta para ganar en las urnas, quien gobierna trata por todos los medios de permanecer ahí y hace alguna obra con los recursos restantes una vez garantizada la paz mediante un razonable reparto. Ideas progresistas que para la época ya no son tan nuevas, pero que no se han probado, se levantan como bandera y su momento ha llegado, la población va tomando conciencia de su poder como votante, como sostén de una economía de enclave. Se produce un quiebre histórico.
Nace la seguridad social, la Universidad conquista su autonomía, una ley garantiza la libre expresión del pensamiento, un nuevo Código de Trabajo garantiza algunas ventajas relativas a quienes consiguen emplearse y, aunque la corrupción no cesa, aun se ejerce con estilo. Se rompe el orden constitucional a manos de los designados a garantizarlo, ganan el servilismo de quienes pretenden prosperar a su sombra, hay escándalos que terminan silenciados, la deuda crece y se acumula, mientras poco se avanza hasta que los cuartelazos pasan de moda. Para entonces, ya solo el color distingue los bandos políticos, los otrora perseguidos permiten una serie de desapariciones que enlodan a la democracia electorera.
Y la alternancia de colores sostiene la ilusión democrática, las bases van entendiendo que no tiene sentido defender uno u otro, el voto tiende a irse al mejor postor y, ninguno está soltando mucho. Al menos la corrupción ha dejado de ser escandalosa, impera la usual: evasión fiscal, comisiones y sobornos por adjudicaciones, sobrevaloración de obras, planillas fantasmas y partidas confidenciales. Para entonces se ha infiltrado una nueva fuerza altamente corruptora, que puede comprar todo poder, tanto institucional como fáctico, con ayuda de la tecnología y lo que distribuyen mantienen controlada a la población, quienes antes se hubieran convertido en revoltosos y desaparecidos, hoy faltos de educación y salud, militan en las filas del flagelo.
Los revoltosos de antes, han logrado, en otras latitudes, hacerse con el poder, financiar economías hundidas con ideología afín, e intentar exportar su modelo. Aquí, el intento fue vano y hasta contraproducente, terminó sepultando en vida a lo único que funcionaba como oposición, dividiendo a sus militantes y radicalizando a la fracción mayoritaria, afianzando así a las fuerzas más nefastas del conservadurismo. Desde entonces, la corrupción ya no se oculta en los libros de doble contabilidad, sino que se maquilla y viste sus mejores galas para brillar en todos los ámbitos; tolera, cobija y propicia la delincuencia organizada, tuerce la Carta Magna al ritmo del tilín tilín en los otros poderes y propicia el saqueo masivo de los bienes sociales.
Con tales ejemplos, no faltan vivales que, organizando a quienes deberían ser el mejor ejemplo para la sociedad, y en contubernio con jueces venales crearon un sindicato gremial en la UNAH con el avieso propósito de embolsarse las cuotas que por ley debe deducirse a quienes han firmado autorización al efecto. Con menos de 200 que se prestaron al despropósito, litigaron por lo correspondiente a más de cuatro mil docentes, ellos no autorizaron y así no se recaudó lo solicitado. Con cuestionables influencias dentro del poder judicial, se ha embargado ya dos veces a la institución en detrimento de sus finanzas, sus empleados y su misión en la sociedad.