Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
De cuatro que llegaron solo uno de los siete hospitales móviles sobrevalorados y pagados a precio de oro por adelantado y sin garantía alguna, dicen que funciona en la ciudad de San Pedro Sula, mientras que el que llegó en la misma fecha y para la ciudad de Tegucigalpa sigue, sin explicación alguna, sin prestar servicio y sin siquiera sus 39 componentes organizados como debe ser.
Dos de estas ignominiosas instalaciones hospitalarias móviles, adquiridas en Turquía, llegaron a Puerto Cortés donde fueron inspeccionadas y trasladadas a sus destinos en Choluteca y Copán, mientras se anuncia para los próximos días –no se sabe cuántos– la llegada de los últimos tres para ser instalados en La Ceiba, Juticalpa y Danlí, para que supuestamente los siete adquiridos a doble precio de lo normal, supuestamente entren en funcionamiento a finales de diciembre de este año o comienzos del próximo 2021.
Mientras el gobierno trata de hacer las del gato, que entierra la suciedad que emana de su estómago o de tapar el sol con un dedo, publicita por todos los medios a su alcance, la opinión de un supuesto médico que habla maravillas del hospital móvil de San Pedro Sula, y afirma que el mismo no está instalado para durar cinco años, sino mucho más, una vez superada la pandemia del COVID-19, reportajes televisivos contradicen esas afirmaciones y muestran el corrosivo óxido de los furgones donde se hicieron instalaciones hospitalarias e incluso que sus techos tienen filtraciones de agua y que muchos equipos, especialmente de computación se han dañado durante el largo viaje por mar y por los torrenciales aguaceros que azotan el territorio nacional en uno de los mejores inviernos de los últimos tiempos.
Mientras tanto los actos de corrupción en medio de la pandemia son tangibles y horribles, y lo peor del caso es que parece que todos van a quedar en impunidad porque los implicados en ellos al ser investigados no aceptan responsabilidad personal alguna, pero tampoco denuncian al que aparentemente les ordenó el saqueo indiscriminado y cruel del erario nacional y millonarios fondos de generosos empréstitos otorgados por organismos financieros internacionales para el combate de la pandemia.
La impunidad es impulsada institucionalmente desde la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tres poderes del Estado que en teoría son independientes y complementarios entre sí, último término este, que ha sido mal entendido como de obediencia del uno al otro, respetando en su doblar rodillas una pirámide que en la cúspide tiene como mandatario absoluto al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, para quien todo marcha de maravillas como si Honduras fuese la isla de utopía que describiera el ajusticiado lord inglés sir Tomás Moro.
Uno de los actos más horrorosos contra la economía nacional en tiempos de pandemia, fue la cesión por decreto del espectro radioeléctrico a las dos compañías de telefonía celular, Tigo y Claro, lo que representa un negocio de miles y millones de dólares al año, sin que las mismas produzcan al Estado de Honduras ni un centavo de beneficio y volviendo un verdadero elefante blanco a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que ya solo sirve para hacer llamados a cadenas nacionales de radio y televisión, en las que comparece personal del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) para dar estadísticas sobre el avance de la pandemia de coronavirus desactualizadas, y si se quiere hasta mentirosas.
Otros comparecientes en estas cadenas mentirosas son los interventores de INVEST-H, supuestamente enviados para corregir las malas inversiones hechas hasta la fecha y hacer las del futuro en tiempo y forma, lo cual parece imposible de lograr, pues hasta ahora el trabajo hecho ha sido más para tapar lo mal hecho y dejar impunes los crímenes económicos cometidos por sus antecesores, incluso manipulando la justicia para evitar que el Ministerio Público, que en orden a su mandato constitucional de ser el ente acusador del Estado tiene que realizar investigaciones profundas, también ha sido relegada a un segundo plano impidiéndole por orden judicial, emanada de la Corte Suprema de Justicia en pleno, cumplir con su función constitucional de defender los intereses estatales en beneficio del pueblo.
Estas acciones judiciales contra la aplicación de la ley en su justa dimensión en beneficio de los intereses populares y en contra de la corrupción institucional, hace que se nos marque como un Estado fallido, tanto así que ni siquiera hay esperanzas de una pronta mejora de cambio de gobierno, teniendo en cuenta que hay dos procesos electorales en los que por primera vez van a participar 13 ó 14 partidos políticos, muchos de ellos considerados de maletín o bisagras y que la única motivación que parece mover a sus organizadores es la onerosa deuda política, que aun en tiempos de pandemia y por tener la sartén por el mango los tres denominados grandes: Nacional, LIBRE y Liberal no se tocaron los hígados y aumentaron de 39 a 54 lempiras por voto obtenido a nivel presidencial.
Tampoco, y a pesar de que se discute una nueva Ley Electoral, los diputados han contemplado en ella temas torales como la ciudanización de mesas receptoras de votos, el voto electrónico, una segunda vuelta en caso de no obtener un 50% del censo electoral a favor del ganador, la constitución de distritos electorales, la reducción del número de congresistas, la regulación de la reelección y la transparencia absoluta del financiamiento de las campañas, a pesar de la existencia de una comisión con ese fin, que hasta ahora no ha dado ningún resultado positivo y más favorecido el manto de impunidad institucional… así las cosas, los hondureños estamos hoy mucho más jorobados que antes y esperanzados a que donde hay pueblos de rodillas siempre hay más de una conciencia de pie.