Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
No está de más preguntarse cuándo llegarán los días en que podamos decir con orgullo que somos una sociedad que ha alcanzado la riqueza material y el desarrollo humano; en otras palabras -y sin meternos a disquisiciones académicas-, preguntarnos cuándo llegará el ansiado bienestar que nos ha sido negado por el Estado desde aquellos revoltosos años de la formación de la República.
Necesitamos saber cuándo tendremos un mercado libre y capitalista que nos permita salir, de una buena vez, de los últimos lugares de la tabla “Doing Business” del Banco Mundial. Necesitamos saber cuándo los jueces y fiscales aplicarán la justicia sin miramientos para nadie, ni para los “políticos” del “White collar” que han aprovechado la cornucopia del Estado para convertirse en los buffet y en los bezos del subdesarrollo, dando un mal ejemplo a los inversionistas nacionales y extranjeros que pretenden hacer negocios legales en nuestro país.
Necesitamos respuestas porque, después de casi doscientos años de vida republicana, el 48 por ciento de nuestra población vive en la pobreza y el 23 por ciento en pobreza extrema. Entonces, algo fundamentalmente malo está pasando en el país. Y ese algo “fundamentalmente malo” tiene antecedentes y nombres que debemos resaltar, como en toda auditoría histórica que exige datos para esclarecer los hechos. Y he aquí que el Estado, y las instituciones que gravitan alrededor de su órbita han dejado de hacer la patriótica tarea de impulsar los cambios necesarios. Pero no podemos librar de la culpa a un sector de la empresa privada que se ha acomodado a las conveniencias políticas para seguir navegando en las seguras aguas del proteccionismo estatal. Esa mala costumbre ha contribuido a desanimar a quienes, de buena fe, pretenden poner su plata en Honduras.
La democracia es útil como herramienta inclusiva, es verdad, pero una democracia que representa solo los intereses de cofradías cerradas no es más que una caricatura que condena de por vida a una sociedad; muy a pesar de la riqueza natural y del capital humano, muy a pesar de las virtudes emprendedoras de la gente que busca cómo salir adelante en medio de una maltrecha economía cuyo infortunio no parece tener fin.
Porque, no podemos seguir esperanzados a la “buena fe” de los políticos, aunque la política sea la mejor vía para impulsar los cambios sociales que necesita urgentemente nuestra nación. De nada sirven las reformas electorales, y las segundas -o terceras vueltas-, si el Estado y sus instituciones -campeonas de la deficiencia administrativa-, no muestran el mínimo interés en desarrollar una estrategia económica liberal -no keynesiana-, a largo plazo. El Estado no puede seguir atribuyéndose el control y la direccionalidad burocrática de las decisiones ciudadanas, ni pretender la salvación de los pobres, aunque “ayudar” sea un buen negocio político. Se necesita remozar con urgencia las instituciones cuyos servicios representan un martirio para los usuarios; desarticular las que sean ineficientes, y marcar con el sello de la despolitización a los cuerpos de seguridad ciudadana, fiscalías y tribunales de justicia, cuestionados todos por tratarse de meras figurillas conectadas a los designios orwellianos del poder estatal.
Septiembre, mes de la patria: buen tiempo para comenzar a ejecutar los cambios institucionales necesarios, porque no podemos seguir abajo en las estadísticas mundiales, ni hacer el ridículo frente a los demás países de la región. No es aplicando medidas keynesianas con las que saldremos adelante; necesitamos un Estado que exija una seria competitividad a la empresa privada y que ofrezca un ambiente propicio para alcanzar un crecimiento económico anual, mayor que la tasa de crecimiento poblacional. No existe otra respuesta para la pregunta originaria sobre cuándo será el día en que podamos sentirnos parte de un país desarrollado.