Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
La geometría de la corrupción estatal en América Latina tiene formas diferentes que van, desde la vieja estructura piramidal hasta el de una compleja red de funcionarios públicos, que buscan la rápida movilidad social aprovechando la responsabilidad en el cargo.
La configuración geométrica que más nos parece es la de un conjunto de anillos dispuestos de manera centrífuga, casi todos hiperconectados o ligados por una relación jerárquica de mando y obediencia. En el mero centro de esos anillos se sitúan los capos “di tutti capi” como decían los sicilianos de la época de oro de Chicago, aquellos mismos a quienes combatían “Los Intocables” de la agencia del Tesoro dirigidos por Elliot Ness. Salvo que Ness y su equipo actuaban desmarcados de la camarilla envilecida de policías y jueces, casi todos incluidos en las planillas ocultas del viejo Al Capone. Es decir, el equipo del Tesoro no se parecía en nada a las agencias contraloras del Estado que, en Latinoamérica normalmente funcionan como extensiones corporativas del poder, actuando con deliberada desidia para investigar las fechorías cometidas por los altos funcionarios públicos.
En las altas esferas del poder institucional, los controles y las fiscalizaciones no representan ningún estorbo para realizar las transacciones de marras. Además, existe una amplia gama de ardides y fisuras jurídicas para interpretar, reformar, camuflar, desfigurar o pulir decretos, leyes, reglamentos y ordenanzas. Se trata de un verdadero escenario de transacciones, libres de las odiosas trabas burocráticas estatales. A nivel del centro, la oferta del mercado es vastísima: comisiones para proyectos, reformas a las leyes, exenciones, puestos de privilegio, dispensas, beneplácitos o trabas para los competidores, licitaciones, financiamientos especiales, selección de proveedores, préstamos blandos para los amigos, en fin. La organicidad formal del Estado, así concebida, estimula seductoramente la configuración de otra clase de estructuras del tipo informal-ilegal, casi nunca conocidas por el público hasta el día en que revientan los escándalos mediáticos.
De hecho, los vínculos grupales de la corrupción rompen las barreras no solo legales, sino también, las culturales y las ideológicas. En esa red comercial todos resultan ser amigos y colegas: no hay partido ni desacuerdos doctrinarios que puedan poner en riesgo el espíritu “entrepreneur” de los funcionarios involucrados; lo que importa son los resultados, es decir, la efectividad del negocio. Cualquier gurú de la administración moderna, como el mismísimo Peter Drucker se habría muerto de la envidia al comprobar que la única estructura organizativa donde se pone en práctica el trabajo en equipo, la lealtad organizacional y los resultados, es la corrupción institucionalizada. Todo ello respaldado por un sistema que garantiza el alcance de los indicadores de desempeño y el reparto equitativo de las utilidades sin que nadie resulte frustrado.
Nuestra generación de políticos, encabezada por esa cohorte demográfica de aprendices -que sueñan con una vida parecida a la de las estrellas del reggaetón-; y los patriarcas de los partidos que ahora gozan de la cornucopia estatal, perdieron el norte de la política cuando se dieron cuenta de que podían llegar a ser como Carlos Slim o Warren Buffet sin necesidad de atravesar el tortuoso camino de las pérdidas y las ganancias que exigen los negocios en el sector privado.
Con las oportunidades de oro a la vista, procedieron a diseñar estructuras especiales para asegurar el éxito de las transacciones sin menoscabo de su imagen política, sacrificando, eso sí, la honorabilidad familiar, pero, al fin de cuentas, ¿quién no se sacrifica por el bienestar de la familia? Por ello, decidieron ubicarse en el círculo más cercano al centro de la estructura anular si pretendían recoger los frutos del negocio. Así lo hicieron, y vieron que esto era “bueno”.