El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), pidió este lunes que se destituya a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Lo anterior, debido a que consideran que tienen responsabilidad por acción o por omisión en el crimen de cinco reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como ‘La Tolva’.
Glenda Ayala, comisionada de CONAPREV, leyó un comunicado en el que piden la destitución de las actuales autoridades INP, al tiempo que exigió llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables materiales e intelectuales del quíntuple crimen.
“No se brinda una verdadera garantía por parte del estado para la seguridad de estas personas (reos). Los funcionarios que están trabajando no han sido formados para trabajar con privados de libertad», comenzó diciendo.
«El mecanismo recomienda que se deben investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidades a los que ejecutaron el hecho materialmente, si no que si hubo colaboración de las autoridades también se deben deducir las responsabilidades”, añadió.
Ayala afirmó que “el Estado está obligado a investigar con igual celo, no solo los que ejecutaron el hecho», sino a los que planificaron y cometieron acciones u omisiones que llevaron a estos resultados.
La funcionaria recomendó al Estado de Honduras nombrar una comisión para transparentar las investigaciones que se ejecutan en los recintos carcelarios.
«Queremos que la política penitenciaria sea incluyente y no excluyente y que la sociedad civil sea veedora de los procesos que se están siguiendo. Que de alguna manera se garantice la imparcialidad en la investigación. No se puede ser juez y parte en una situación tan grave”, aseguró.
«Lo que está ocurriendo nos debe llamar la atención», concluyó.