Por Edmundo Orellana
De la evaluación a la MACCIH el que resultó aplazado es el Congreso Nacional. En ese informe lo acusan de ser la piedra angular del sistema de impunidad en el país y el órgano más deficiente del sistema estatal.
Después de decretar la evaluación de la MACCIH y solicitarle a esta información impertinente e improcedente, decidieron, los “honorables” diputados (representantes del pueblo, hace mucho dejaron de serlo), recomendar al Ejecutivo la no renovación del Convenio de la MACCIH, sustentándose en ridículos argumentos, como el siguiente: “existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, los derechos humanos de los acusados y el estado de inocencia de las personas”. El desconocimiento de las cuestiones básicas del Derecho Procesal es evidente entre los “honorables” diputados, puesto que los requerimientos judiciales no los presenta la MACCIH ni esta participa en el proceso, y el debido proceso no lo violan las partes procesales, por el contrario, cuando se viola el debido proceso las víctimas son las partes y el único que las puede violar es el tribunal, porque es el habilitado legalmente para emitir actos de autoridad dentro del proceso; de ahí que en la violación a los derechos humanos y al estado de inocencia nada tiene que ver la MACCIH. Ignorantes, además de negligentes los “honorables” diputados.
Pero lo más impactante es que el informe de la comisión evaluadora de la MACCIH, después de ponderar positivamente su labor, tanto por los logros institucionales como operativos que representan la creación de la UFECIC y de los tribunales anticorrupción y su modus operandi, afirma que esta pudo haber hecho mucho más de no haberlo impedido el Congreso Nacional con sus acciones en contra de la MACCIH.
Del informe se deduce que el Congreso Nacional en lugar de cooperar con la labor de combatir la impunidad, motivo por el cual está aquí la MACCIH, contribuye a su fortalecimiento, porque destaca la demora en aprobar la “ley de colaboración eficaz”, presentada desde el 2016, y en derogar o reformar la Ley de Secretos, pese a los pedidos de la MACCIH, por constituir un insuperable impedimento para avanzar en las investigaciones porque, según la mesa de evaluación, “mucha de la información que se requiere está resguardada bajo el velo de “secreto de Estado”.
Esa mesa de evaluación responsabiliza al Congreso de introducir modificaciones al ordenamiento jurídico que representan “un retroceso en la lucha contra la corrupción”. Entre estas, señalan las siguientes: en 2017 redujo las penas del delito de malversación de caudales públicos, en 2019 aprobó un Código Penal que reduce las penas y los plazos de prescripción de la acción penal y modificó la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, lo que podría “debilitar las atribuciones de auditoría y fiscalización del Tribunal y la independencia del Ministerio Público”.
Destacan también la falsificación de leyes, indicando que la ley reguladora del financiamiento de los partidos políticos fue publicada en La Gaceta con un texto que no fue el aprobado por el Congreso Nacional, lo que fue comprobado plenamente y motivó que se publicara una fe de errata. Es más, la mesa de evaluación deja constancia en el informe que el Congreso no respondió a la información solicitada sobre este tema.
Después de varias consideraciones, la mesa de evaluación “invita al gobierno de Honduras y a la SG/OEA a prorrogar el texto actual del Convenio de la MACCIH”; es decir, rechazó la recomendación del Congreso y, a su vez, pese a que actúo de “examinador oficioso”, lo aplazó por estar del lado de la impunidad y decididamente en contra de la lucha anticorrupción. Ahora, los “honorables” diputados que aprobaron la creación de la estrafalaria comisión y su ridículo informe, tendrán que soportar la presencia de la MACCIH en el país, y, por eso, se tornarán menos prudentes y más agresivos en sus ataques a la MACCIH.
El pueblo hondureño debe grabar sus nombres en las canteras de la vergüenza nacional para que el tiempo no los borre y sean de conocimiento de las generaciones futuras; debe jurar, además, ante la patria no votar por ellos nunca más. No merece nuestro voto quien usa el poder para forjar armaduras protectoras de los saqueadores de los fondos públicos destinados a financiar proyectos sociales para elevar la calidad de vida del hondureño en condición de pobreza. ¿Por qué votar por quien odia tanto al pueblo hondureño?
Repudiemos a los diputados que votaron para proteger a los corruptos, diciendo, sin temor y con fuerza, ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?