Por Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
Parece que cuando se aterriza en cualquier país de Latinoamérica, la conversación típica con el taxista o uberiano que lo lleva al hotel, se repite con tres temas: Lo complicado que se ha vuelto el tráfico en las grandes -o pequeñas- ciudades , cómo el cambio climático está afectando con grandes sequías o lluvias la manera en que vivimos, y en tercer lugar, únicamente con el cambio del acento local, la historia se repite una y otra vez, “la corrupción en el gobierno”.
En Guatemala, a diferencia de El Salvador y Honduras, desde hace unos meses, se ha cerrado un capítulo, o más bien libro entero titulado la CICIG. Una creatura, divina para algunos y para otros el mismo demonio encarnado en el último comisionado paisa. De hecho, el Congreso Nacional abrió una investigación sobre los “desmanes” de esa Comisión, que en buena medida fue la única herramienta que posibilitó la renuncia del dúo presidencial, algo impensable.
Esta semana se ha conmemorado el día internacional contra la corrupción y fuera de actos o conferencias, protestas, etc., que al final parece que dejan poco más que alguna pared manchada y personas afónicas, el BID presentó los resultados de un largo análisis (1 año) por parte de 8 expertos en la materia , concretamente se ha concluido “Los expertos coinciden en que los recientes escándalos a nivel regional han demostrado que la corrupción en América Latina y el Caribe es sistémica, y que abarca una compleja red de métodos y mecanismos a gran escala. La manera a través de la cual se desvían fondos se ha vuelto más sofisticada, y los sistemas de gobernanza y control de la región no están lo suficientemente desarrollados para enfrentar estos nuevos retos. Al mismo tiempo, en muchos países también se verifica lo que se llama la “pequeña corrupción” que, si bien difiere en la suma de los grandes sobornos y negociados, tiene un efecto directo sobre el ciudadano común y corriente”.
Y como comenta sabiamente Roberto de Michele, punto focal del BID, “El informe es una llamada a la acción. En ese sentido, el informe dice muy bien que ya no hacen falta más leyes ni acuerdos ni nada por el estilo, lo que hace falta es implementación”.
Nuestro país es muy propenso a tratar de arreglar todos los problemas con nuevas leyes y/o comisiones, utilizadas como “lámparas de Aladino” que simplemente resolverán todo.
Sin embargo el Informe del BID, parece concentrarse en algunos temas, o más bien luchas bien definidas: Garantizar la independencia y recursos del Poder Judicial, promover enfoques innovadores para la cooperación e investigación judicial .Expandir la transparencia gubernamental y financiera. Monitorear la adjudicación de contratos públicos. Transformar y transparentar el financiamiento de campañas políticas. Habilitar y ampliar el uso de tecnologías para combatir la corrupción. Realizar una evaluación de la extensión y profundidad de la corrupción en todos sus niveles, entre otras. la participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir la corrupción, así como para usar el potencial de la transparencia. En la actualidad, las redes sociales y la información en manos de ciudadanos activos tienen un potencial enorme para fortalecer la integridad en los países.
Lo cierto es que seguir haciendo lo mismo, nos llevará como nación en el combate contra la corrupción, a crisis mucho peores que las que vemos en países con mejor base como Chile. El tema no es decorativo ni tampoco un simple compromiso que debemos cumplir con extranjeros, es elemento clave en la paz social.