Por Juan Ramón Martínez
Muerto Franco en 1975, las fuerzas políticas españolas forjaron un pacto para orientar la transición de la dictadura a la democracia. Los defensores del sistema cedieron. Y también lo hicieron sus adversarios, encabezados por el Partido Comunista, dirigido por Carrillo y el PSOE, por Felipe Gonzales. El resultado final, se plasmó en la Constitución de 1978, que este 6 de diciembre, celebró su 41 aniversario. Desde 1983, el día 6 de diciembre es festivo en España. Y las fuerzas políticas, especialmente en tiempos de turbulencia como los que se viven en la antigua metrópoli, dispersas y enfrentadas, celebraron el acto, con diferentes actitudes y comportamientos. Desde las respetuosas manifestaciones, hasta la quema de ejemplares simbólicos de la ley de leyes y del Rey Felipe VI. Pero ninguno de los políticos, habló de violarla –el machismo está aquí, sofrenado y el lenguaje es más perfeccionado y urbano que el que manejan algunos en Honduras– ni mucho menos derogarla o desconocerla. De repente les hace falta la asesoría de Manuel Zelaya u Óscar Arias, para que hagan un referendo e instalar una Constituyente que redacte una nueva. Incluso, Sánchez del PSOE que hace piruetas para reformarla y darle un carácter federal de cara a las apetencias de las burguesías catalanas y vascas, ha aparcado el propósito ante el crecimiento de la derecha que quiere eliminar las autonomías –fenómeno que hace temblar la estabilidad de la Unión Europea– y la dispersión del voto que ha experimentado el electorado. Hay 19 partidos representados en el Congreso.
Con todo y fuera del crudo subdesarrollo que exhiben los independentistas de Esquerra Republicana especialmente, toda la gente seria reconoce que la Constitución de 1978, es la que ha permitido el espectacular desarrollo que ha experimentado España en estos últimos 40 años. El filósofo Fernando Savater dice que “Gracias a la Constitución soy ciudadano entre compatriotas, no indígena de una tribu existencialista inventada por chamanes locales con devotos propensos a la antropofagia”. Y agrega ante tantos despropósitos de políticos afectados por la irracionalidad y, como no “hay Constitución que pueda tolerarlo, porque sería abandonar a los ciudadanos al arbitrio de las mafias locales” hay que preservar la firmeza, la vocación democrática y la voluntad ciudadana, para defenderla. Exactamente como lo hemos venido haciendo un grupo de compatriotas, cuyos nombres sería largo de enumerar en el caso de Honduras, ante las embestidas de un grupo de políticos que quieren eliminar la nuestra –emitida y aprobada en 1982— con el propósito de establecer el continuismo, la dictadura y empujar al país al atraso y a la pobreza.
La Constitución de 1982 es, la mejor que hemos tenido. Nos ha permitido enfrentar el crecimiento de la población y la operación de las escasas fuerzas económicas, en un mercado imperfecto que ha facilitado el crecimiento de un gobierno que, queriendo quedar bien con las clientelas electorales, se ha creado expresión de un “estado de bienestar”, sin recursos para ello, provocando la desconfianza de los jóvenes que saben que el futuro suyo, será más complicado en la medida en que, cuando entren al mercado laboral, tendrán que sostener el doble de las personas que por edad y salud, no puedan trabajar. Entonces, el problema no es escribir y aprobar una nueva Constitución –que se mantiene intacta–, diga lo que diga la Corte Suprema de Justicia. E incluso aunque se le haya irrespetado en una confabulación de las élites en 2017 que permitió una reelección que no crea precedente y que no torna moribunda a la Constitución, por lo que no hay que “sepultarla” como quiere Orellana, sino que, –como los militares que se subordinaron a la ley–, hacer de los políticos esclavos de la ley y trabajadores del bien común. Y cortando lo que se hizo en 2017, a partir del 2020, encaminarnos en un proceso en que los políticos no sean obstáculos para el desarrollo económico, la igualdad y la felicidad colectiva, como lo son los actuales que, creen que hacen lo mejor con el poder. La Constitución es indestructible. Reformable por sus reglas. El irrespeto, no crea estado. Como los delincuentes cuando asesinan, no eliminan el Código Penal.
Creo que ha llegado la hora de declarar el 11 de enero como día oficial de la Constitución. Blindándola emocionalmente, para defenderla todos.