Jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en la lectura de sentencia y por unanimidad de votos condenaron a cincuenta años cuatro meses de prisión contra cuatro de los siete implicados en la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, a otro de ellos a 30 años de cárcel y a dos encausados a más de 30 años seis meses de prisión.
Específicamente, los imputados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez, por coautores responsables del asesinato de Cáceres a 34 de reclusión y por tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo el crimen, sentenciados a 16 años con cuatro meses, en total suman 50 años cuatro meses de reclusión.
Mientras que Mariano Díaz Chávez, como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres Flores, a una pena de 30 años de reclusión, de igual forma, al exmilitar, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, acusados por coautores de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres, a una pena a 30 años seis meses de cárcel.
El único que fue absuelto del crimen de la ambientalista, fue Emerson Duarte Meza.
En ese sentido, los abogados defensores tendrán 20 días para interponer un recurso de casación.
La ambientalista fue asesinada el 3 de marzo del 2016, cuando varias personas irrumpieron en su casa de habitación y le dispararon.
Por su parte, Paola Rodríguez, la hija de Sergio Rodríguez, declaró que la condena hacia su padre la “vemos una vez más como se violenta la justicia en el país, los jueces hacen lo que quieren porque tienen el poder de llevarse a quien quieren”.
Todos los ahora condenados fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC en el marco de la Operación “Jaguar” entre mayo del 2016 y febrero del 2017.
Es de recordar que el juicio por el crimen de Berta Cáceres duró cinco semanas y los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional emitieron Fallo de Culpabilidad el 29 de noviembre del 2018 en un hecho que enlutó a toda Honduras.
Para ello los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los hoy condenados antes, durante y después del hecho.
Vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonios de los acusados sirvieron como carga probatoria expuesta en el juicio contra cada uno de los imputados, por lo que en las conclusiones del mismo se pidió por parte de la Fiscalía condenas por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Desde el 3 de marzo del 2016 que sucedió este crimen de la líder ambientalista y ganadora del Premio Goldman (2015), el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario que en tiempo récord logró recolectar las pruebas técnicas y científicas, útil, pertinente y proporcional para judicializar el caso y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.
La Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y de la Sección de Instrucción de la FEDCV hicieron lo propio para demostrar la vinculación de cada procesado con los hechos que se les imputan, a través de los distintos medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista.
De la acción promovida ante los Tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido, han sido garantes diversas organizaciones de derechos humanos quienes participaron como veedores en las distintas audiencias del proceso penal.
Además, por este mismo caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.
Es de destacar que las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres.
Ingeniero está pendiente de enfrentarse en juicio
Otro de los encausados en este caso, es el ingeniero eléctrico, Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), encargada de la ejecución del Proyecto Agua Zarca.
A lo que según el Ministerio Público, tiene una presunta responsabilidad, tras efectuar labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.
Por su parte, la abogada Doris Madrid, quien defiende en esta causa a Castillo, expresó que la prueba que ha utilizado el Ministerio Público, en este caso ha presentado irregularidades que han quedado al descubierto en las investigaciones del caso que se le sigue a Castillo.
En ese sentido, dijo que previo a que se eleve a juicio oral y público, la causa que se le sigue a Castillo, la justicia debe sanear las investigaciones y dictámenes elaborados en su contra por tratarse de prueba ilícita.
En esta causa se está a la espera de que la Corte de Apelaciones ordene se admita una prueba que sustenta una nulidad que planteó la defensa, y así sanear este proceso judicial en su contra.
“Es una prueba alterada, por la perito de los órganos de seguridad del Estado, por lo tanto, eso debe de sanearse antes de entrar al juicio oral y público”, indicó.