LA cúpula empresarial vuelve a quejarse de decisiones imprudentes del sector público que, a su juicio, restan competitividad a la iniciativa privada. Esta vez no se refiere a medidas de ajuste del gobierno central ni a las temidas instrucciones que imparte el FMI. Se refieren a los gobiernos municipales. “Nos resta competitividad –dice el COHEP en un comunicado– que algunas municipalidades con el transcurso de los años han venido abusando y tergiversando del sentido de la “autonomía municipal”, imponiendo obligaciones tributarias en los planes de arbitrios, a través de la aplicación ilegal de impuestos que se han disfrazado de tasas municipales, lo cual ha afectado la economía de las familias y vulnerado derechos individuales y económicos como la propiedad privada, la libertad de empresa, de competencia y de comercio, este tipo de prácticas han sido en su momento impugnadas ya que la autonomía municipal no debe entenderse como la potestad de crear impuestos, atribución que es exclusiva del Congreso Nacional y que ha sido usurpada por algunas corporaciones municipales en el país”.
Por un momento creímos que se refería al incremento que la alcaldía municipal capitalina hizo de la tasa vehicular que, de no ser porque los transportistas hicieron escándalo, se va sin tocar tablita. Favorecieron a los que pegaron el grito al cielo con una tasa diferenciada, pero a la mayoría silenciosa, o sea al resto de los vecinos de la capital, se la dejaron. Más tarde, aplicaron el ajuste a los bienes inmuebles, recurriendo a una ocurrencia ingeniosa. Cambiaron el valor catastral a las propiedades –dizque para equipararlas con otras aledañas afectadas por una tabla que dejó la alcaldía anterior– y así engordar el tesoro municipal. Como la ley no permite –si no es en años que terminan en 5– modificar el porcentaje de la carga, aumentó el valor del bien inmueble, el monto a cobrar al cliente es mayor. Raro que cuando eso sucedió la cúpula empresarial no dijera ni pío. Sin embargo, ahora como ejemplo de tasas indebidas impuestas por las alcaldías citan a la municipalidad de Santa Cruz y Choloma en Cortés. Continúa diciendo el comunicado del COHEP: “Es necesario que las corporaciones municipales desarrollen procesos participativos para la fijación de los diferentes tributos municipales, que se dialogue con todos los sectores entre ellos la empresa privada, quien es la que genera empleo en los diferentes municipios”. Pues bien, cuando modificaron el cobro a los bienes inmuebles en la ciudad capital no hubo diálogo con ningún sector, mucho menos con la empresa privada, que generosamente asintió, solidaria al sopapo que propinaron a las víctimas, llamándose a silencio.
“Es indispensable que los planes de arbitrios –continúa el COHEP– se vuelvan herramientas legales para fomentar la libre empresa, en lugar de obstaculizar su desarrollo, con la imposición de cobros administrativos como la extensión de permisos de operación y otros cobros como tasas e impuestos que generan frenos al crecimiento económico”. “El COHEP hace un enérgico llamado a todas las corporaciones municipales y a sus alcaldes, para que en los planes de arbitrio correspondientes al año 2020, se tome en cuenta los retos y desafíos económicos que están atravesando las empresas, debido a la franca desaceleración”. Pues bien, ¿por qué esperar al próximo año, para hacer consideraciones sobre la desaceleración económica que sufre el país, cuando perfectamente ya, inmediatamente pueden hacerse las rectificaciones. Es cierto que aquí han construido puentes, estructuras de alivio vial, y otras obras necesarias, pero el empleo ha caído, el comercio está afectado, y el ambiente de la ciudad deprimido por tanta carga que le encaraman encima a los negocios y a los particulares.