Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno
Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
Días convulsos los transcurridos recientemente en América Latina, específicamente en países como Ecuador, Bolivia y Chile, en los que si bien es cierto, las circunstancias y el entorno son distintos, en el fondo reflejan la inconformidad y el descontento de la población con las actuaciones de sus respectivos gobernantes, así como las graves violaciones a los derechos humanos en las protestas realizadas.
Para empezar lo ocurrido en Ecuador, en el que el gobierno del presidente Lenin Moreno aprobó un plan de ajuste económico, un “paquetazo” en pocas palabras, en el que entre otras medidas se contemplaba la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que generó un estallido social, con numerosas movilizaciones y protestas, mismo que concluyó con un acuerdo suscrito entre el gobierno y el movimiento indígena de aquel país, lo que implicó la restitución del subsidio a los combustibles.
Posteriormente en Bolivia, se celebraron elecciones presidenciales, en las que el señor Evo Morales optaba a un cuarto mandato, a pesar de que en el año 2016, los bolivianos mediante un referéndum votaron en contra de reformar la Constitución y permitir la reelección indefinida, sin embargo el Tribunal Constitucional aprobó la reelección apelando a que la misma “es un derecho humano fundamental”.
Aunado a lo anterior, lo ocurrido después de las recientes elecciones en las que se produjeron graves irregularidades como las fallas en el sistema de cómputo, lo que provocó su manipulación y consecuentemente una alteración en los resultados finales según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que dio lugar a que misteriosamente el señor Evo Morales ganara las elecciones en primera vuelta, a pesar de que estadísticamente las proyecciones mostraban lo contrario (cualquier parecido con lo ocurrido en Honduras en el año 2017 es mera coincidencia), lo que generó violentas protestas de la población derivando en la “renuncia” del señor Evo Morales a la Presidencia, después de la amable sugerencia del jefe del Ejército, todo con el fin de “permitir la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad de Bolivia”.
Luego en Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió aumentar el precio del pasaje del metro, lo que generó que estudiantes de secundaria se negaran a pagar el valor del mismo por medio de “evasiones masivas”, desencadenando en múltiples protestas y ataques a varias instalaciones públicas, al punto que los analistas consideran como la más profunda crisis social desde el retorno a la democracia, por lo que fue necesario alcanzar un acuerdo para que en el mes de abril del año 2020 se celebre un plebiscito para que se decida si se aprueba una nueva Constitución y en su caso, determinar el mecanismo para la aprobación de la misma.
Todo lo expresado deja en evidencia el enorme descontento de la población, así como las deficiencias que presentan los modelos políticos y económicos, en cuanto a la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés nacional y en la toma de decisiones; la escasa confiabilidad de los sistemas electorales, y las enormes desigualdades en la distribución de la riqueza en varios países, en los que la bonanza y la prosperidad que se reflejan en las cifras macroeconómicas benefician a unos pocos.
En el caso de Honduras, los políticos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo siguen empeñados en adoptar medidas impopulares, en base únicamente a su conveniencia y sus intereses, como la restitución de la inmunidad de los diputados, el restablecimiento del cuestionado fondo departamental, la implementación de un nuevo Código Penal aprobado casi “a la carta” para favorecer a los acusados por los múltiples casos de corrupción o la asignación de 4 mil millones de lempiras, aproximadamente 162 millones de dólares, a las Fuerzas Armadas para la producción agrícola, sin dejar de mencionar el ambiente negativo entre algunos miembros del gobierno a la renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Convenientemente y casi torpemente, los funcionarios y “analistas” a su servicio, atribuyen cualquier intento de protesta o manifestación de inconformidad en Honduras a sectores interesados en desestabilizar al gobierno, a los “ñángaras” o a las “brisas bolivarianas”, desconociendo la verdadera situación del país en el que alrededor del 67% de la población vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza, es decir con menos de 47 lempiras al día ($ 1.90) para satisfacer sus necesidades, o el hecho de que Honduras sea uno de los 3 países con mayor desigualdad económica en el mundo, o finalmente que el país sea considerado como uno de los países más corruptos de América, todo según diversos estudios realizados, lo que más temprano que tarde puede hacer que despierte al verdadero “gigante dormido” exigiendo un país más justo. Están avisados.
Que Dios bendiga a Honduras.
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