El Ministerio Público efectuó a nivel nacional la Operación Odiseo XI, donde se libraron órdenes de captura, allanamientos e inspecciones por diversos flagelos que aquejan a la ciudadanía.
Es así que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), realizó secuestros de documentos en las oficinas de la municipalidad de La Ceiba, para dar seguimiento investigativo a denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por supuestos desvíos de las cotizaciones de empleados de esta municipalidad al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y que asciende a más de 72 millones de lempiras.
De acuerdo a la información, entre los años 2005-2018, se retuvieron un poco más de 72 millones de lempiras que debieron ser acreditados al Seguro Social, pero al parecer se usaron en cuestiones administrativas.
En ese sentido, la Fiscalía determinará si existe ilícito y se sospecha que se cometió malversación de caudales públicos por cambio de destino, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Por su parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), investiga cuatro denuncias sobre supuestos actos de corrupción en contra de tres jueces de Letras de Santa Bárbara, quienes de acuerdo a información preliminar habrían incurrido en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad en causas civiles y penales, todas estas acciones se realizan en coordinación con la ATIC.
Asimismo, se efectuaron inspecciones y se secuestraron documentos en las jefaturas policiales de Langue, Valle y Choluteca, en razón de cinco denuncias por cohecho y allanamientos ilegales.
ADJUDICACIONES “PANDAS”
En otra acción, la FETCCOP y la ATIC llevaron a cabo una serie de diligencias y secuestro de documentos en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), donde se están por finalizar tres líneas de investigación en contra de ex y actuales altos funcionarios que habrían incurrido en los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Entre las irregularidades denunciadas, desde los despachos de Infraestructura y Servicios Públicos se seleccionaron contratistas sin los requisitos necesarios, se renovaron permisos en el transporte de carga con vicios de ilegalidad y se adjudicó hasta en dos ocasiones el mismo proyecto por parte de la Dirección General de Carreteras.
Los proyectos que se investigan son: las licitaciones de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal del barrio Los Dolores al barrio Concepción de El Naranjito, Santa Bárbara y del casco histórico de Santiago de Puringla, La Paz, las construcciones del vado en El Naranjal, El Corpus, Choluteca y del puente del balneario Bella Vista, Santa Rita, Yoro, la reparación del puente de hamaca sobre el río Ulúa, la rehabilitación de fallas en el tramo carretero V-200 La Ceiba-Yaruca, Atlántida y habilitación y reconstrucción de la falla en el kilómetro 219 en El Portillo, Sinuapa, Ocotepeque.
En la operación Odiseo XI, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó Requerimiento Fiscal por delitos de usurpación contra comunidades misquitas, discriminación racial en detrimento de miembros del pueblo garífuna y por lesiones ocasionadas por militares a indígenas lencas.
Mientras que la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual está llevando a cabo en la ciudad de La Ceiba operativos para desarticular redes de venta de lotería ilegal, por lo que se estaría acusando a varias personas de violación a propiedad industrial y uso de marca.
Mientras tanto, la ATIC secuestró documentos en la municipalidad de San Marcos Caiquín, Lempira, donde se investiga posibles delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.