La Paz, Bolivia (AFP). La renuncia de Evo Morales a la presidencia dejó el lunes un vacío de poder en Bolivia que debe resolver en lo inmediato el Senado, luego de tres semanas de disturbios desencadenados por cuestionadas elecciones en las que el primer mandatario indígena del país buscaba un nuevo mandato.
La Secretaría General de la OEA rechazó el lunes «cualquier salida inconstitucional» y reclamó al Poder Legislativo tomar cartas en el asunto de cara a la organización de nuevos comicios tras los realizados el 20 de octubre, impugnados por la oposición y por el organismo regional con sede en Washington.
La oposición denunció un fraude electoral tras la interrupción abrupta de la publicación de los resultados del escrutinio de conteo rápido en momentos en que comenzaban a anticipar una segunda vuelta, creando una situación de facto en Bolivia a partir de aquel momento.
En un comunicado, la oficina del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pidió al Poder Legislativo de Bolivia reunirse «en forma urgente» para «asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral».
La salida de crisis se encuentra en lo inmediato en manos del Senado de 36 curules. El oficialismo ocupa 25 bancas y la oposición once, por lo cual esta última necesita el respaldo de al menos ocho legisladores afines a Morales para llegar a sesionar con cuórum y decidir por mayoría.
Morales envió el lunes un tuit desde la región cocalera del Chapare donde se encuentra refugiado en el centro del país desde su sorpresiva dimisión el domingo, horas después de convocar a nuevas elecciones ante las irregularidades electorales «graves» denunciadas por los observadores de la OEA. Acusó de «racistas y golpistas» al exmandatario Carlos Mesa y al líder regional de derechas Luis Fernando Camacho.
El exmandatario aymara de 60 años enfrentó una avalancha de renuncias de altos funcionarios, en algunos casos después de que les quemaran sus casas, y la presión decisiva de militares y policías, que acabaron reclamando su dimisión.
En La Paz hubo menos bloqueos en las calles el lunes que en días precedentes, pero también escaso servicio de transporte público. La red de teleféricos quedó paralizada, lo que obligó a miles de trabajadores a caminar largas distancias para llegar a sus trabajos.
Muchos comercios permanecieron cerrados por temor a los saqueos que se desataron la noche del domingo en algunos barrios de la zona sur de La Paz y en la vecina ciudad de El Alto.
Morales dimitió presionado por los militares, la policía y por la oposición, que le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 con el fin de pacificar al país renunciando al cuarto mandato al que aspiraba tras sucesivas reformas constitucionales y un referéndum adverso.
Su renuncia provocó explosiones de júbilo pero también violencia en La Paz y otros puntos del país. El desenlace fue denunciado como un «golpe de Estado» por gobiernos de izquierda de América Latina, entre ellos México, Cuba, Argentina, Venezuela y Uruguay.
Debate por la sucesión
En Bolivia, en ausencia del presidente la Constitución establece que la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de la Cámara de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.
La dimisión del vicepresidente Álvaro García, de la presidenta y el vicepresidente del Senado, Adriana Salvatierra y Rubén Medinacelli, y del titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, crearon por tanto una situación de incertidumbre en la cadena de sucesión constitucional.
En ese contexto, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, reivindicó su derecho a asumir la Presidencia de Bolivia.
«Ocupo la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones», afirmó Áñez, entrevistada por la televisora privada Unitel.
El Congreso de Bolivia recibió el lunes la carta de renuncia a la Presidencia de Evo Morales, anunciada el domingo en un mensaje televisado, en la que afirma que su dimisión «obligada» es producto de un «golpe político, cívico y policial».
El primer gobierno indígena del país «termina hoy, con mi renuncia obligada a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, producto de un golpe de Estado político, cívico y policial», señala Morales en un fragmento de la nota, entregada la tarde del domingo y divulgada recién este martes.
Este día «los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas e indígenas de tierras bajas empezamos el largo camino de la resistencia para defender los logros históricos del primer gobierno indígena», escribió el exmandatario.
«Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos», sostuvo en la misiva.
El Senado se apresta a elegir a su sucesor el martes, según fuentes oficiales.