Por Edmundo Orellana
La MACCIH vino por exigencias del pueblo hondureño horrorizado por el saqueo del IHSS y por la incapacidad de nuestro sistema de justicia para investigar y castigar la corrupción.
Lo que el pueblo hondureño no sabía es que el latrocinio es general y patrocinado desde las más altas esferas del poder, por medio de una red de políticos y funcionarios, coludidos con algunos empresarios, que, desde hace mucho, succionan el presupuesto sin contemplaciones.
También descubrió que organizaciones de la sociedad civil participan del pillaje al que es sometido el presupuesto nacional, canalizando fondos hacia políticos y particulares bajo formas legales que esconden ese sostenido fraude al fisco.
Este saqueo general y la existencia de la red de corrupción jamás habría sido del conocimiento del pueblo hondureño si no existieran la MACCIH y la unidad fiscal del MP creada para combatir la corrupción a gran escala, UFECIC. Esas dos instancias son las responsables de los avances en la lucha contra la impunidad que han estremecido la sociedad y provocado terror en las esferas del poder, público y privado.
Tan aterrorizados están, que, comprobando que era imposible doblegar la voluntad de la UFECIC y bajarle el perfil a la MACCIH, decidieron apretar filas, olvidando diferencias y colores políticos, y utilizar los mecanismos del poder. Emitieron leyes y dictaron sentencias para evitar ser investigados y procesados por el MP, extendiendo la protección hasta las organizaciones de la sociedad civil; el último intento es el decreto recientemente emitido, por el que, supuestamente, comprende a todo el que administre fondos públicos.
La mayor expresión de la arbitrariedad en el ejercicio del poder la constituye el nuevo Código Penal, por el que se reducen drásticamente las penas, desaparecen delitos y se acortan los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción penal en materia de corrupción. Además, es magnánimo con el narcotráfico.
En el caso del narcotráfico no debe sorprendernos. La red de corrupción es omnicomprensiva porque en su seno creció y se desarrolló el narcotráfico en el país, lo que quedó ampliamente probado en el famoso juicio ocurrido en Nueva York. Todos los grandes capos hondureños confesaron que llevaron el narcotráfico hasta la escala que alcanzó gracias a la corrupción de políticos, autoridades y algunos empresarios.
El nuevo Código Penal, entonces, debe ofrecer opciones también al narcotráfico. La diferencia con los casos de corrupción es que estos constituyen un problema interno, es decir, son propios del país; en cambio, los de narcotráfico causan problemas al Tío Sam, que, como quedó demostrado en ese famoso juicio, es implacable con los latinos, especialmente políticos, que se dedican a este menester (curioso, distinguido lector, que ningún gringo, supuestamente, participó en esas operaciones de narcotráfico que comenzaron, según el fiscal gringo, en 2004). Así es que, no importa cuanta protección tengan en ese nuevo Código Penal, bastará que los gringos soliciten su extradición para que tal protección se esfume.
Por lo expuesto, la MACCIH no debe seguir. Conviene a la red de corrupción y, por extensión, a los narcotraficantes, que ahora son más y desconocidos, y, por este detallito, sus relaciones con el poder son más seguras.
Con su desaparición deja de tener sentido UFECIC. Lo tiene hoy porque tiene el apoyo de la MACCIH y esta lo tiene de la cooperación internacional, que, reiteradamente, lo ha hecho público, aunque en estos aciagos momentos guarda sospechoso silencio, particularmente la encargada de negocios de la embajada gringa, cuyo predecesor lanzó, horas antes de partir, una terrible amenaza contra esa red, si se atrevía a destruir la MACCIH.
Con ese silencio se evidencia que para la política gringa el narcotráfico y la corrupción son temas de segundo orden. En todo caso, es de suponer que con su expulsión comenzará, como pasó en Guatemala, una persecución sin tregua y perversa en contra de quienes les causaron tantos dolores de cabeza por no dejarlos robar en paz.
Ante este siniestro espectáculo, no se siente la reacción de la sociedad. CNA y el grupo parlamentario de apoyo a MACCIH son las reacciones más visibles. Lo preocupante es presenciar que la inminente expulsión de la MACCIH no provoque indignación popular, como la provocaron los hechos que precedieron e impulsaron la venida de la MACCIH.
Con la expulsión de la MACCIH y la desaparición de UFECIC perderemos nuestros mejores aliados en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la red de corrupción, conectada con el narcotráfico, hará nuevamente de nuestro país su paraíso privado, lo que debe motivarnos para decir con fuerza: ¡BASTA YA!
Y, usted., distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?