Por: Carlos Medrano
Periodista
Desde hace algunos años, con el pretexto denominado gobernabilidad, los últimos mandatarios le han otorgado hasta lo inimaginable a las “gloriosas” Fuerzas Armadas de Honduras, institución que se ha convertido en el verdadero poder “tras el trono” en este país.
El manejo de las armas, bombas, aviones, tanques, barcos y fuerza terrestre bien equipada, adiestrada y disciplinada tiene al poder civil supeditado a la bota militar, ya que después del nefasto golpe de Estado a “Mel” Zelaya y el control sobre la institucionalidad, los verde olivo demostraron tener al país bajo sus órdenes y su disposición.
Hoy, ante el asombro de propios y extraños, en un país que tiene tantos problemas generados por el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, el cambio climático, entre otros, ahora resulta que también manejarán proyectos agrícolas, con una asignación de nada más y nada menos que de L. 4,000 millones de lempiras.
La decisión es tan equivocada y errónea, por tres razones específicas: a) Este tipo de actividades en las que las FFAA no tienen ni experiencia ni conocimientos, los distrae de su tarea fundamental y constitucional, que es el defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución. b) Honduras cuenta con la Escuela Agrícola de El Zamorano, una de las mejores escuelas agrícolas de Latinoamérica, ejemplo de la región y donde se han formado ciudadanos de todo el istmo, escuela que en todo caso, son los especializados en realizar este tipo de desarrollo agrícola en el país. c) Distorsiona la democracia, en tanto refuerza su papel de guardianes, ver el ejemplo de Venezuela.
Esta disparatada decisión está contenida en el decreto ejecutivo número PCM 052-2019, donde manda a crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), el cual quedará adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
La propuesta establece que el objetivo del PDAH es incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, mediante la inversión en activos productivos, así como el establecimiento de una mentalidad emprendedora, desarrollando conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades, como elemento esencial generador de riqueza y bienestar para los productores y productoras.
Dicho programa quedará adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, es decir que la C-10 será como otra rama de la institución militar encargada de la producción agrícola nacional, ya que el C-10 será el ente encargado de estructurar, ejecutar y administrar el programa.
Para los subsiguientes cuatro años, el PDAH tendrá la asignación de 3,843.9 millones, es decir unos 960.9 millones de lempiras por año. Al hacer la suma total de la inversión, se constata que el monto a invertir es de 3,909.9 millones de lempiras, o sea, cerca de 4,000 millones.
En lo que queda de 2019, el compromiso de las FFAA es llegar a los primeros 1,200 agricultores. Para los años 2020 y 2021 se atenderá a 9,000 productores cada año, es decir, en total deberá ser 18,000. En el año 2022 se llegará a 8,586 productores, en el 2023 a 11,500, en el 2024 a 11,000 y en el año 2025 a 9,714 productores. La meta final es atender a una población agraria de 60,000 productores a nivel nacional.
Ahora yo me pregunto, ¿para qué sirve la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), BANADESA, INA, y otras instituciones ligadas al campo, si esta improductiva burocracia no puede ni elaborar y ejecutar un plan de emergencia para el campo?
El darle tanto poder a los militares obedece a un modelo desfasado, en el que los hombres en armas se enriquecieron y nos produjeron muchos perjuicios, como el caso de los desaparecidos en la década de los 80´s, narcotráfico y una corrupción descontrolada.
Ya “Mel” fracasó dándole a los militares el “cielo y la tierra”, aumentos a mansalva, partidas presupuestarias, prebendas y todo tipo de privilegios y al final lo traicionaron, un episodio que se repetiría actualmente si los intereses externos se interponen en contra del inquilino del Poder Ejecutivo.