Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Por fin ha estallado el problema financiero de la ENEE. No es el preludio de una catástrofe lo que ahora presenciamos, sino, la catástrofe misma. A la empresa nada parece salvarla, a pesar de los intentos desesperados del gobierno por retener el surtidor financiero de donde ha procedido buena parte de las iniciativas populistas para retener el poder.
Las explicaciones para resolver el problema no resultan nada claras para la población. Pocas veces hemos presenciado una discusión tan enmarañada como esta, donde participan, además de los funcionarios estatales, los periodistas de los principales medios de comunicación, que no entienden los fundamentos del libre mercado y el peligro de mantener una empresa insostenible que se precipita hacia la quiebra financiera.
Todos los gobiernos, sin excepción, han tratado desesperadamente de no soltar esa mina de oro que, en tiempos dorados, sirvió de veta financiera para una buena parte de los asuntos privados de los partidos en el poder y de piñata de los sectores que extorsionaban al Estado para que le cumplieran sus caprichos a cambio de un poco de paz social. Pero también, muchos empresarios se han visto favorecidos con las facturas a pagar a largo plazo, acumulando cuentas que se han convertido en una morosidad de muy difìcil -sino, imposible- recuperaciòn. Debido a la cercanía entre los funcionarios del Estado y los recursos de estas empresas generadoras de riqueza, el capital proveniente de estas ha sido destinado para subvencionar transacciones de otra naturaleza, que impiden la reinversión y el servicio de calidad para los abonados.
Para nadie es desconocido que la ineficacia de la ENEE proviene de la extracción desmedida de su riqueza para destinarla hacia fines políticos. A ello hay que sumarle el latrocinio de energía -los llamados “pegues”-, y los altos salarios que han creado una desorbitante desigualdad en el mercado laboral. La única manera de salvar a esa empresa es a través del bisturí estratégico, no con los maquillajes reformistas que dejan por lado el verdadero problema. EGECO, EMETO y EDCO, los entes recién diseñados para encargarse de la distribución y la comercialización de la energía no resolverán el asunto: el espíritu de estas seguirá siendo estatal, en otras palabras, más de lo mismo.
Esa empresa, que según el folclore nacional pertenece al “pueblo”, ya debería estar operando bajo un esquema de participación privada, como sugieren los organismos internacionales de crédito, al parecer, esta alternativa resulta ser, por los momentos, la mejor de todas las opciones de salvación.
El Estado no está destinado para ser empresario. Meterse a los negocios es una vieja maña heredada de la política de sustitución de importaciones cepalina en los 50`s que los gobernantes en América Latina aún llevan en la sangre. Es invadir la libertad de los agentes privados, y coartar la libre elección que propicia un mercado donde las opciones de producción las propone el público demandante y no el Estado a través de decretos.
El mal funcionamiento de empresas estatales, como la ENEE, surge cuando se carece de un sentido empresarial, y las ganancias se utilizan, no para reinvertir capitales, sino para extraer recursos con fines políticos.
Por eso y por más, la dirección gerencial de la ENEE debe ser otra, distinta a la tutela y al control gerencial del Estado, para permitir que sean las fuerzas del libre mercado las que orienten la calidad de los servicios. ¿Qué otra opción más racional y económicamente factible le queda a la ENEE para lograr su salvación? Ninguna, que yo sepa.