Por Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
En los últimos años, en todo el mundo se han realizado experimentos de voto electrónico. El elector se identifica ante el presidente de la mesa, toma una tarjeta electrónica, se dirige a una de las cabinas electrónicas de votación, introduce su tarjeta en un lector y sobre una pantalla táctil, selecciona la candidatura que desea, descargando el voto sobre la tarjeta. Luego pasa a la mesa y deposita la tarjeta en la urna electrónica.
La diferencia con el voto tradicional es la sustitución del papel y el sobre por la tarjeta electrónica y el ordenador. En escasos minutos y tras el cierre de las urnas, todo el país podrá conocer el resultado de los comicios. Ahora bien, cuando hablamos de la democracia electrónica en sentido estricto vamos más allá: si dentro de poco tiempo los ciudadanos dispondrán de acceso a las autopistas de la información, se plantean dos preguntas:
Se podría aceptar que algunos ciudadanos acudan a votar al colegio electoral mientras otros lo hagan desde casa utilizando su ordenador y un sistema que garantice la seguridad y confidencialidad del voto? Como pasos se señala: 1. Uso supervisado de una máquina para votar conectada a Internet: a) voto electrónico en el colegio electoral del votante; y, b) voto electrónico en cualquier colegio electoral; 2. Voto remoto a través de Internet: a) voto electrónico desde ordenadores instalados en lugares públicos en todo el territorio; y b) voto electrónico desde cualquier ordenador conectado a Internet.
Pregunta: ¿Se podría aceptar que la consulta sea más frecuente que la de la elección de los representantes que toman las decisiones políticas? Hoy, de muchos gobiernos y políticos se dice que actúan a golpe de sondeo, en función de las repercusiones sobre su imagen que tendría la toma de una determinada decisión. El salto estaría, en dejar que muchas decisiones sean tomadas por los ciudadanos incrementando así la sensación de democracia directa y, al tiempo, restringiendo los riesgos de la toma de decisiones en política.
El gobierno de las sociedades contemporáneas es más complejo que el de la polis griega paradigma de la democracia directa, y ello crea la necesidad de delegar la función gubernamental en unos representantes. Pero para hacer efectivo el derecho a la participación de los representados, es necesario que estos puedan tener acceso a los recursos informativos y a los espacios de debate. Las tecnologías de la información permiten conocer otras opiniones y discutir los asuntos antes de tomar decisiones. Posibilitan transformar a los “receptores”, en potenciales emisores de mensajes políticos para decidir, cómo y qué asuntos debe contener la agenda política.
Los nuevos medios de comunicación no devuelven la democracia directa, pero mejoran la calidad de la representación, tornando efectivo el derecho a la participación en los asuntos públicos. Hay que pensar en una sociedad capaz de discutir los asuntos clave y una élite política preparada para proseguir el debate más allá de donde lo dejaron los ciudadanos. Es de recordar, que hay un antes y un después de la revolución tecnológica de la información para la democracia. Es ahora cuando las tecnologías aparecen como un nuevo mecanismo de control de los poderes públicos y, al tiempo, como un modo en el que los ciudadanos pueden acceder de un modo más eficaz, a la información pública y a la construcción del contenido político.
La democracia electrónica despierta recelos. En un período cercano en el que todos los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones, se presenta algo utópico y desalentador. Utópico, porque en ese modelo la posibilidad de ejercer directamente el gobierno sin la necesidad de los representantes parlamentarios se aproxima al ideal tradicional de democracia. Desalentador, porque si las democracias han demostrado la influencia que tienen las encuestas sociológicas y los períodos electorales en la toma de decisiones políticas, la situación de vigilancia permanente de los poderes públicos por los ciudadanos podría producir una forma sofisticada de demagogia.
La democracia electrónica no tiene porqué someter a crisis la democracia representativa, sino mejorar las formas en las que esta siga siendo eficiente, ampliando los canales que permitan a los gobernantes conocer los puntos de vista de los ciudadanos y a estos, conocer de cerca la actividad de los gobernantes.
En el corazón del tema está un asunto interesante: El libre acceso a la información pública. Las políticas de transparencia informativa del sector público están en el centro de esta cuestión y del modo en el que los ciudadanos entienden el funcionamiento de la burocracia pública. ¿Debemos o no dar este paso cualitativo en nuestra querida Honduras?
E-mail: [email protected]
[email protected]