Por Carlos Medrano
Periodista
El dicho popular reza que “el que hace la ley hace la trampa”, en otras palabras, los legisladores, a quienes constitucionalmente le corresponde elaborar el estamento jurídico en el que descansa este país, tienen la prerrogativa de redactar una ley beneficiándose de la misma de manera automática.
Privilegiar al Tribunal Superior de Cuentas, TSC, o de “Cuentos”, como algunos personajes le denominan a este ente estatal, para supervisar los recursos del Estado destinados al Fondo Departamental, es una sinvergüenzada que no tiene pies ni cabeza, en un país manchado por la corrupción y ahora por el narcotráfico.
Si el TSC, órgano contralor que es un “elefante blanco” y que ha servido para justificar y avalar la corrupción estatal, no puede ni con lo que actualmente audita, me pregunto yo, con qué personal, con qué herramientas técnicas y científicas evitará la corrupción y el despilfarro en esta oscura figura.
¿Cómo está conformado el TSC?, sencillo, un magistrado del Partido Nacional, Partido Liberal y ahora uno de Libre, quienes beneficiarán partidariamente a los que manejarán principalmente estos fondos, fácil los diputados de estos tres partidos, a quienes benefician que estos recursos sagrados del Estado no tengan la supervisión y auditoría rigurosa, a estos tres partidos políticos.
Si los diputados estaban interesados en combatir la corrupción e impunidad, debieron colocar en la ley que fuese la UFECIC, o una auditoría externa nacional o internacional que auditara estos fondos, para garantizar su buen manejo, para lograr el respeto de todos los hondureños que esperan con ansias una actitud honrada de sus representantes del pueblo.
El Ministerio Público, que ha denotado una lentitud y complacencia pasmosa en el combate a la corrupción e impunidad, por fin sacó la cara manifestándose contrario a estas prácticas, consideró que la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, más conocido como Fondo Departamental, vulnera flagrantemente la Constitución de la República.
A través de esta norma, según la Fiscalía, nuevamente se pretende crear una nueva figura jurídica que, omitiendo las reglas de contenido esencial establecidas por la Constitución, evade el orden legal requerido por la norma fundamental para garantizar la transparencia en el gasto público, omitiendo establecer en su texto la designación de los responsables por su ejecución.
Asimismo, se indica que con la reactivación del Fondo Departamental se pretende impedir la acción del Ministerio Público en la investigación de los ilícitos penales que pudieran cometerse bajo esta ley y se provoca que los dineros de la hacienda pública se asignen sin determinar al funcionario responsable de los mismos, y sin establecer el proceso de contratación que se seguirá para ejecutar las obras públicas que tiene como objeto, generando un proceso de gasto no regulado en el manejo de los fondos públicos.
Al final, los congresistas caerán en su propia trampa, dichos fondos seguirán desviándolos para su beneficio personal y para campañas políticas y estarán en la picota pública como viles delincuentes que no merecen el voto.
Esta determinación de los diputados del Congreso Nacional de reincidir con los fondos departamentales significa desafiar al sistema, desafiar al pueblo, “hurgar al macho con vara corta”, no leer el delicado momento en el que estamos, es ser inconsecuente con lo que está ocurriendo en Chile, Venezuela y Bolivia.