Por Óscar Lanza Rosales
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Como ustedes han de recordar, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) nació después de las manifestaciones pacíficas de los indignados en el año 2015, protestando por el gran fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Corrupción que rebalsó la paciencia de los hondureños, dispuestos a salir a las calles, exigiendo la creación de una comisión como la que tenía Guatemala, la CICIG, bajo la dirección de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), con buen suceso, para combatir la corrupción y la impunidad, en el hermano país.
Como el gobernante Hernández, miró muy dura una CICIG equivalente para Honduras -que tenía un presidente y su vice en la cárcel- buscó la alternativa de establecer un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) -tradicionalmente más condescendiente que la ONU- para establecer una comisión simplemente de apoyo o de acompañamiento en los procesos de investigación que promoviera el Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad.
Fue así que nació la MACCIH, bajo un convenio por cuatro años entre Honduras y OEA, el 19 de enero de 2016, y con un presupuesto para ese periodo de 32 millones de dólares, con el financiamiento de países amigos, como Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, entre otros.
Y estableció como su misión: Mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Como se puede apreciar, a diferencia de la CICIG de Guatemala, la MACCIH no está facultada para presentar requerimientos fiscales y ejercer acciones jurídicas, sino que su función es apoyar y acompañar a los fiscales.
En sus primeros cuatro años que cumple el próximo 19 de enero, creemos que su trabajo es aceptable, viendo que le ha tocado nadar contra la corriente, en un país corroído por la corrupción y la impunidad, y sin el apoyo gubernamental. Aparentemente su gestión ha dado mejores resultados en el corto plazo que la CICIG, que le llevó doce años para tener éxito en casos grandes, contrario a los que ha llevado MACCIH, que han sido relativamente pequeños pero cuya metodología ha sido de mucha enseñanza para fiscales y jueces, y para el pueblo hondureño. Creo que el mayor éxito que ha tenido es la creación y poner en funcionamiento la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y los tribunales anticorrupción, en los que ha participado en la selección de los fiscales y jueces, respectivamente. La presentación y defensa de los casos de corrupción, lo mismo que el Observatorio del Sistema de Justicia Penal, creado para monitorear sobre los casos de corrupción.
Fue la promotora de la Ley de Política Limpia y ha emitido opiniones sobre el proyecto de Ley del Seguro Social, Ley de Secretividad y nuevo Código Penal; ha criticado las reformas a la Ley de Presupuesto que traspasa al Tribunal Superior de Cuentas la responsabilidad penal por actos de corrupción con fondos públicos, entre otros.
Como ya está por vencerse el convenio de su creación, existe el temor que la MACCIH pueda correr la misma suerte de la CICIG, de disolverse al no renovarle el contrato. Es que estas instituciones han sido una piedra en los zapatos de la clase política de ambos países, para continuar en la malversación de los fondos públicos.
Para que no suceda lo de Guatemala, la sociedad civil hondureña debe esta alerta y diseñar una estrategia para que el Congreso Nacional renueve este convenio con la OEA, como el levantamiento de firmas en las principales ciudades del país o amenazar al Legislativo, con el regreso de las manifestaciones de los indignados.
Si se disolviera la MACCIH, se terminaría la lucha contra la corrupción y la impunidad; o quedaría debilitada como ha sucedido con la disolución de la CICIG en Guatemala. Es como que la MACCIH no hubiera hecho nada. Sería una inversión de los cooperantes que se iría al cesto de la basura, y se fortalecería de nuevo la captura del Estado por parte de las élites corruptas.
Frente a eso la sociedad civil -principalmente la enfocada en la lucha contra la corrupción-, la cooperación internacional, y la población hondureña en general debe manifestar su rechazo a esa pretensión de disolver la MACCIH. ¡No permitamos que se repita lo que sucedió en Guatemala!