Flor de María Sosa, madre de una menor ultrajada por al menos tres jóvenes, en la zona de La Ceiba, Atlántida, denunció que los inculpados estarían recibiendo tratos privilegiados o que no los tienen imputados comunes.
Desde el 20 de abril pasado, Sosa ha exigido el debido proceso y transparencia en el caso que ella misma ha estado resguardando, ya que se desempeña como juez de Violencia Intrafamiliar y el pasado viernes la abogada tuvo que abalanzarse a una patrulla policial que pretendia sacar por otro extreno no común, a uno de los imputados, y eso provocó la indignación de la madre de la víctima, que exigió trato igualitario.
“Pretendían sacar de manera oculta a esta persona después de la audiencia de declaración de imputado, normalmente el procedimiento es presentarlo ante los medios y dan a conocer por qué son imputados; sin embargo no fue así, la estaban ingresando por la parte de enfrente con todo y patrulla, según los mismos policías, ellos habían recibido órdenes, con argumentos ilógicos como para garantizar la seguridad del imputado, si la víctima soy yo”, lamentó la joven madre.
“Lo volvería a hacer, no me arrepiento, cuando las personas se entregan al órgano jurisdiccional son retiradas por la parte frontal, no por un lateral como sí lo estaban haciendo en esta ocasión, debía de haber sido ingresado por la puerta frontal y hasta que exigí procedieron a hacerlo de esa manera”.
“Yo lo que exigía es que todos seamos tratados con igualdad, muchos son exhibidos ante los medios sin ninguna consideración entonces por qué hacerlo con esta persona imputada por delito de violación especial, sentí impotencia y lo reflejé sin pensar lo que todos miraron, pero sin dudarlo lo volvería a hacer”, fue su testimonio tras haberse hecho viral el video de su reacción.
Incluso reveló que tras el hecho no pudo controlar las lagrimas de impotencia y una serie de emociones encontradas porque no sabía a quién acudir, al ver las acciones policiales, mismas que fueron aclaradas por las autoridades policiales que manifestaron en un comunicado que “es deber de la Policía Nacional velar por la seguridad de los trasladados y no comprometer la integridad del detenido de un grupo de personas apostadas en la entrada principal de los juzgados”.
“Respecto a este comunicado es irrisorio, la policía está pensando que se puso en detrimento la seguridad del imputado, cuando ellos mismos me echaron el carro dos veces, la persona detenida nunca estuvo en estado de inseguridad, solo habían periodistas y mis abogadas en las instalaciones, incluyendo la familia del imputado que, incluso, al ver estas acciones salieron a velocidad en sus vehículos”, comentó, al tiempo de lamentar que su hija ha entrado en una crisis emocional a causa de la constante revictimización en el proceso judicial.
REBAJA DE PENA
Por este caso, el Ministerio Público (MP) emitió requerimiento fiscal para Miguel Estrada y Juan Manuel Gómez Castejón, quienes están prófugos y se emitió una alerta roja contra Luis José Ulloa Hernández, quien se entregó voluntariamente y un juez le dictó detención judicial con orden de envío al reclusorio de Trujillo, departamento de Colón, el pasado viernes. También en este caso un menor de edad sus padres lo entregaron voluntariamente con detención judicial.
Las abogada Patricia Obando e Ilsa Torres manifestaron que en torno al avance del caso, aún hace falta mucho, ya que hay prófugos y sumando a ello influencias que se han movido a todos los niveles para afectar el proceso y esperan que el próximo miércoles (mañana) en audiecnia inicial se evacuen las pruebas recabadas durante la investigación con el objeto de probar la violación y la participación del encausado para que el juez valore y dicte resolución con un auto de formal procesamiento (prisión preventiva) o sobreseimiento en caso que se exculpe al detenido Ulloa Hernández.
En el caso del menor, es diferente el proceso judicial, el juez consideró una medida de detención cautelar y fue remitido a un centro para menores, dejando pendiente la audiencia intermedia, detallaron las abogadas.
Asimismo, indicaron que el artículo 120 del Código Penal contempla la violación especial con una pena de 15 a 20 años de prisión, pero si el nuevo Codigo Penal entra en vigencia sería de nueve a 13 años y siendo especial sería de 12 a 17 años y cuatro meses, es decir las penas disminuirían con la nueva normativa a días de terminarse la vacación de la ley.
“Exijo a las autoridades justicia, imparcialidad e igualdad, esta persona que se entregó goza de privilegios, no sé si dados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o por el director del centro penal, tiene seguridad particular, está retirado del resto de la población carcelaria, no entiendo esas consideraciones para alguien que se puso en esa posición judicial, hago el llamado a las autoridades para que se aplique como dice la Policía Nacional, la igualdad y justicia”, señaló la denunciante. (SA)