Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno
Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
Después de diez días de captar la atención pública en Honduras, como si de una telenovela o una serie de Netflix se tratara, finalmente ha concluido el juicio contra el hermano del Presidente de la República, al que doce miembros de un jurado declararon culpable por los gravísimos delitos de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos de América, usar y transportar ametralladoras, conspirar para usar y portar ametralladoras para traficar y hacer declaraciones falsas a agentes federales, por lo que puede enfrentar una grave pena hasta de cadena perpetua.
El desenlace del juicio generó bastantes expectativas, no solo por el acusado propiamente, también debido a que entre otras situaciones venía a confirmar lo que era un secreto a voces, a pesar de la manipulación y desinformación por parte de algunos medios de comunicación nacionales, algunos quintacolumnistas y de varios abogados del país que aviesamente intentaron desacreditar los medios de prueba propuestos por la Fiscalía; mismos actores que una vez dictada la sentencia arremeten contra el sistema judicial de los Estados Unidos de América.
La condena del hermano del Presidente de la República tiene varios aspectos que deben ser considerados. En primer lugar surgieron graves acusaciones contra altos funcionarios del gobierno actual y de gobiernos anteriores, incluyendo al mismo Presidente de la República, de recibir dinero proveniente del narcotráfico, por lo que en caso de confirmarse las mismas, quedaría en entredicho la seguridad del Estado y la idoneidad para el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes, sin importar “caiga quien caiga”, ya que resulta imperativo que se le deduzca responsabilidad penalmente a todo aquel que se haya visto involucrado en actividades contrarias a la ley, especialmente si se trata de funcionarios públicos que son los encargados de dirigir los destinos del país.
Por otro lado lo ocurrido, la institucionalidad del país se ve seriamente comprometida, ya que queda en evidencia la inoperancia del sistema de justicia de Honduras, ya que ha tenido que ser un juzgado de los Estados Unidos de América el que condene al señor Hernández, mismo que operaba en completa impunidad en el país, gozando hasta de la protección y complicidad de los entes de seguridad, por lo que muchos no dudan en calificar a Honduras como un narco-Estado.
Nadie puede negar, que desde hace varios años, el dinero proveniente de actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, ha penetrado las instituciones del Estado, los partidos políticos, no solo al partido de gobierno claro está, empresas, el sistema financiero, actividades deportivas, medios de comunicación, por lo que es innegable su influencia en el acontecer del país a tal punto que el fiscal afirmó en sus argumentos finales “que los sobornos recibidos por los altos funcionarios del Estado por parte de traficantes de drogas, contribuyeron para convertir a Honduras en un narcoestado donde la violencia y la corrupción dominan el día a día”.
Si bien es cierto la responsabilidad penal es personalísima, es decir que cada quien es responsable por sus actuaciones y omisiones, es evidente que la declaratoria de culpabilidad constituye un durísimo golpe para la imagen del país así como para la imagen del Presidente de la República, ya que además de los señalamientos realizados en su contra, se cuestiona el nivel de conocimiento sobre las actividades ilícitas de su hermano, por lo que sin duda alguna que su idoneidad e integridad para la continuidad en el cargo debe ser considerada.
Lastimosamente, con el debido respeto y sin el ánimo de ofender a nadie como se acostumbra a decir en las redes sociales, pero era tanto el miedo y la preocupación porque el país no se convirtiera en una réplica de Venezuela, que al final los políticos terminaron convirtiendo a Honduras en una réplica de Colombia en los años ochenta, por lo que hoy más que nunca deben ser conscientes de su responsabilidad, por lo que deben responder por sus actuaciones y omisiones.
Que Dios bendiga a Honduras.
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