Guatemala (AFP). La justicia guatemalteca ordenó el miércoles abrir una investigación penal contra la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres, detenida en septiembre pasado por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015.
Torres, de 63 años, será procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, determinó la jueza Claudette Domínguez, quien deberá decidir si la excandidata enfrentará juicio.
La exprimera dama perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Giammattei, y durante la campaña gozó de inmunidad por su condición de candidata.
Sin embargo, el pasado 2 de septiembre policías arrestaron a Torres en su residencia en la periferia este de Ciudad de Guatemala y fue recluida en una cárcel dentro de un cuartel militar.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió en febrero retirar los fueros de Torres para investigarla por unos 2.5 millones de dólares no reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que disputó la presidencia por la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Domínguez señaló que la «conducta reprochada» a Torres sería por unos 770.000 dólares no registrados.
Torres se divorció de Álvaro Colom -quien alcanzó la presidencia (2008-2012) con la UNE- en 2011 para competir por la primera magistratura en las elecciones de ese año, pero la justicia le negó su participación. Pudo presentarse en 2015.
Los fondos de esa campaña fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas pero nunca se incluyeron en los reportes presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la FECI.
Por el caso hay varias personas procesadas, entre ellas el empresario Mario Leal Castillo, excandidato a vicepresidente de Torres, quien está prófugo. De acuerdo con las autoridades Leal Castillo ha sido localizado en Estados Unidos y sobre él pesa una orden de captura internacional.
Domínguez también ordenó que la investigación se amplíe a la Contraloría General de Cuentas de la Nación y al Tribunal Supremo Electoral para determinar si tuvieron alguna responsabilidad al no haber detectado el manejo del dinero ilegal del partido.
La detención de Torres fue una de las últimas acciones de apoyo a la fiscalía por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que ayudó a combatir la corrupción en el país.
La CICIG cerró el pasado 3 de septiembre tras 12 años de labores, luego de que el presidente Jimmy Morales se negó a pedir una ampliación de su mandato.