Por Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Hasta hace unos cuantos años, creíamos que la corrupción en el Estado se limitaba a los escándalos explosivos, cuando pillos de cuello blanco que se adentraban en la administración pública, cometían delitos -que hoy se consideran una bagatela- como el tocar los fondos de cajas chicas, inflar las planillas de una institución, o adjudicarse una buena cantidad de plata por concepto de gastos de “representación”. Desde luego, la taxonomía de la corrupción es mucho más amplia de lo que creemos, y va, desde la simple mordida del policía, hasta el hacerse de la vista gorda en las aduanas fronterizas. No podemos dejar de lado el “mojar la mano”, es decir, la transacción muy catracha, de pagar coimas que aligeran la emisión de permisos, licencias, cédulas, sin olvidar las “alianzas estratégicas” entre compadres, para ver a quiénes se adjudica las licitaciones de bienes y servicios.
La corrupción estatal nace en la época colonial, y la herencia de ese mal administrativo, alcanza no solo a las instituciones de servicio, sino también a la política. Después de la emancipación de Honduras, el caos institucional y político dejó como resultado, inestimables distorsiones sobre cómo debía entenderse el acceso al poder, la regencia de este y la relación entre el ejercicio democrático y las necesidades de los ciudadanos.
Para los políticos de la época de desarrollo de Exportación Primaria, hasta 1949, la corrupción institucional se limitaba a obtener ciertas prebendas de las compañías transnacionales, a cambio de concesiones, o bien hacerse acreedor a una “finquita” como regalo presidencial, por los servicios prestados a la patria. Meter mano en las arcas de un estado, pobre y sin captación impositiva, no era algo que invitaba a meterse al “negocio”.
Los “buenos” negocios comenzaron en la época del industrialismo que va, desde Juan Manuel Gálvez en los 50’s hasta los gobiernos militares en los 80’s. El enriquecimiento ilícito se volvió un “modus operandi” porque ya el Estado se volvió empresario, y con un presupuesto estatal de millones de dólares, un político podía embolsarse unos cuantos, aduciendo que tendía puentes entre el Estado benefactor y la sociedad civil. A ello hay que sumarle la cornucopia que representó la guerra fría durante la cual, militares y políticos llegaron a amasar fortunas que los convertiría en emprendedores de altos vuelos, dignos de la portada de la revista Forbes.
Y así, en la era de la posmodernidad, donde lo malo parece ser bueno, el Estado ya no es esa veta inacabable receptora de los fondos internacionales que eran redireccionados hacia cuentas particulares. De hecho, el Estado ha comenzado a sufrir reducciones institucionales por mandato de los organismos internacionales debido al alto déficit fiscal y a los presupuestos destinados mayormente para pagos de salarios. La otra manera de enriquecerse ha sido la de participar en las comisiones del Congreso para percibir réditos, a cambio de inclinar la balanza hacia el lado de las partes interesadas.
Con las arcas estatales en crisis, solo queda pactar alianzas con el crimen organizado, principalmente con el narcotráfico, esa poderosa transnacional que, como aquellos viejos “trust” bananeros de finales del siglo XX, necesita de los favores de los políticos para desarrollar su estrategia comercial.
Y así, el sentido ético de la democracia y de la política, se borra para siempre. Y, por otro lado, la institucionalidad que debería encargarse de vigilar, auditar y de enjuiciar a los señalados, se queda de brazos cruzados, inmóvil y timorata, enviando las señales de que, para un futuro inmediato, ya no sabremos en quién confiar.