El comprador de buena fe de un predio espera que los jueces le hagan justicia después de 14 años porque fue estafado, ya que resultó que el terreno está ubicado dentro del área forestal protegida de la subcuenca del río Guacerique y no pudo construir por cuanto le negaron la licencia ambiental, informó el abogado Tiburcio Amador.
De esta forma, el profesional del derecho señaló que sobre este caso “en el 2015 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una votación de 14 votos favorables y uno en contra, determinó que concurren los requisitos objetivos del tipo penal de estafa y, por lo tanto, ahí hay una estafa y a los jueces se les hizo saber que existe esa resolución del pleno”.
Amador explicó que el predio se le vendió a su cliente “a sabiendas que era necesario para construir una bodega para almacenar materia primas y agroquímicos y también a sabiendas que está ubicado dentro de una zona forestal protegida, patrimonio público nacional inalienable y está dentro de la subcuenca del río Guacerique”.
“Mi cliente fue estafado en virtud que se le vendió el predio a sabiendas que existe una prohibición mediante decreto desde 1973 que es una zona protegida, el predio está a 300 metros de la subcuenca del río Guacerique y la represa Los Laureles”, detalló el abogado.
Amador señaló que todo fue una maquinación de las personas que vendieron, quienes actuaron en representación de la empresa, comprando el predio, la persona que emitió el dictamen favorable para que se adquiriera el predio a través de un préstamo, además que se omitieron los dictámenes del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la alcaldía municipal que esa es una zona forestal protegida.
Explicó que es una subcuenca, el vaso de agua que abastece a la zona de Los Laureles y eso lo deben entender los jueces por el principio “iura novit curia”, que significa que “el juez conoce el derecho”, y no pueden desconocer que desde 1973 existe esa prohibición en esa área protegida mediante decreto.
“Se imaginan el grave perjuicio que ocasionaría a la salud de la población de todos los habitantes, si tenemos una grave carencia de agua imagínese qué pasaría si se permite la construcción de una bodega de agroquímicos, la contaminación provocaría eventualmente la muerte de muchas personas”, indicó.
Amador dijo que su cliente se siente estafado porque la licencia ambiental ya se la habían negado a los vendedores del terreno y no le dijeron nada y espera que los jueces le hagan justicia por la estafa que fue objeto y le devuelvan los 327 mil dólares que invirtió en la compra del predio sin saber que era parte del área protegida de la subcuenca del río Guacerique.
El caso inició en 2005, en el 2006 se materializó la venta y en el 2010 el Ministerio Público (MP) promovió lo correspondiente al requerimiento fiscal.