En un nueva acción por combatir la corrupción, criminalidad organizada y delincuencia en general, el Ministerio Público ejecutó a nivel nacional, la Operación Odiseo IX, con las respectivas órdenes de captura, allanamientos e inspecciones por diversos flagelos.
Por consiguiente, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) continúan con las investigaciones sobre actos de corrupción que se habrían cometido en el segundo semestre de gobierno del año 2009 en la Secretaría de Gobernación y Justicia, mediante la simulación y pago de contratos de consultorías y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Para ello, se realizó por parte de la ATIC, secuestros de documentos en las oficinas y archivos de esa cartera ministerial, a fin de documentar hallazgos relacionados el drenaje de recursos y contratos al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales de Presupuesto.
Otros casos por los que se decomisarán documentos, tienen que ver con irregularidades que en anteriores administraciones tuvieron lugar en el Registro Nacional de las Personas (RNP), de donde se deriva además la presentación de un nuevo Requerimiento Fiscal contra Jorge Adalberto Discua Mejía, quien aprovechando sus funciones en el registro civil de Siguatepeque adulteró el actas de nacimiento de una persona hondureña para que apareciera registrado en su lugar un extranjero.
BIENES
De su lado, en el marco de Odiseo IX, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) solicitó la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito del ex subcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, a quienes se les acusó en mayo de 2018 del delito de lavado de activos.
De acuerdo a la petición hecha al juzgado de privación de dominio, se trata de dos sociedades mercantiles, cinco bienes inmuebles, ocho vehículos, 31 cuentas bancarias, bienes combustibles por la cantidad de 2,068,475.33 lempiras y dinero en efectivo que asciende a 168,839.00 lempiras.
En este caso, junto a la ATIC se logró determinar que Leiva Natarén, depurado en 2016 y contra quien existe una orden de captura con alerta roja internacional, en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover en el sistema financiero alrededor de 913 millones de lempiras, teniendo un incremento patrimonial injustificado de 300 millones de lempiras, de los cuales 282 millones de lempiras corresponden a las operaciones de la Corporación Natarén S. D. R.L. (CONAR).
Por otra parte, en Operación Odiseo IX intensas actividades realizaron Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, en las zonas Norte, Occidente, Santa Bárbara, Bajo Aguán, Litoral Atlántico, Olancho, Centro, Oriente y Sur, con trabajos en materia de niñez, mujer, consumidor, adulto mayor, pueblos indígenas, trata de personas, víctimas vulnerables, derechos humanos, medio ambiente, propiedad intelectual, tributario y delitos contra la vida y de crimen organizado.
Para el caso, estructuras criminales que operan en el departamento de Colón y parte de Yoro buscan ser desarticuladas, cultivos de marihuana erradicados y drogas y armas incautadas. En cambio, en La Ceiba se desarrollaron diligencias investigativas en relación a una denuncia contra personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por presunta falsificación de documentos públicos y uso de documentos públicos, al igual que contra funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) por supuesto abuso autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
