La vocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, anunció el décimo tercer caso denominado “Corrupción sobre ruedas”, que señala a siete funcionarios y exfuncionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y de Casa Presidencial.
Al parecer los acusados sustrajeron más de 11 millones de lempiras que serían destinados para el Bono 10 mil, pero que en realidad se destinó este capital para el pago de la campaña política, “por una vida mejor” del Partido Nacional y en el alquiler y pago de vehículos blindados.
La acusación se desprende de una de las líneas de investigación del denominado caso “Pandora”, conocido por la juez natural, Lidia Álvarez y que inicialmente involucró a 38 personas, de las cuales 35 son las que se encuentran con medidas sustitutivas en su mayoría.
“Son dos acciones presentadas una que tiene que ver con el procesamiento de las siete personas y el otro con el aseguramiento de propiedades de algunos de los imputados, se trata de nueve vehículos y una empresa jurídica” detalló en la conferencia de prensa Calderón, manifestó que “este requerimiento fiscal, que es el primer caso, ha significado siete meses de investigación, a significado la producción de más de 100 elementos de pruebas, imagínense que solamente el informe preliminar de auditoría forense tiene 500 páginas”.
Asimismo, que “se trató de una línea de investigación que surgió del ya conocido, caso “Pandora”, en este requerimiento fiscal se formuló acusación contra las siguientes personas, quienes ustedes ya vieron en horas de la mañana, su intervención o su presentación ante los juzgados correspondientes”.
La acusación fue presentada ante el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción y para la elaboración del mismo se emplearon siete meses de investigación que derivaron en más de 100 elementos de prueba constando el informe preliminar de auditoría forense de al menos 500 páginas, indicó la vocera.
De igual forma, “el primer medio que se utilizó, es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), el proyecto Bono 10 mil, un convenio suscrito el 19 de mayo del año 2010, y tenía como objetivo entregar beneficios a personas de la tercera edad, juvenil y con discapacidades especiales”.
“Para esos hechos se utilizó un empresa de fachada, la empresa Servicios e Inversiones AyD, que fue creada por las cómplices necesarias, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González, para el manejo de fondos que estaban destinados finalmente, de acuerdo a las investigaciones realizadas por los equipos integrados, para el financiamiento de campañas políticas, y también para fines personales, el monto que se utilizó entre el 4 de julio del 2013, al 24 de mayo del 2015, consistió en 11millones 401 mil 151 lempiras aproximadamente, con un total de 104 débitos, obviamente estas 104 operaciones no las vamos a detallar porque son demasiado extensas, pero están contenidas en el informe de auditoría contable que hemos referido y que es bastante amplio”, detalló.
Al finalizar el período mencionado, expresó la togada “esto es del 19 de mayo del 2014 la cuenta terminó en cero, qué modalidades se utilizaron en este caso? El arrendamiento de vehículos, los acusados, autores y cómplices, se confabularon para crear un esquema, mediante el cual, a través de Banadesa, se utilizaron fondos que estaban destinados para el Bono diez mil”.
“Hicieron contratos simulados de arrendamiento de vehículos, que supuestamente deberían trasladar, a personeros del banco para la distribución de este bono, recuerden ustedes que hace unos años se produjo el asesinato de un funcionario de Banadesa en el ejercicio de sus funciones, entonces esta fue, diríamos, la explicación que se tuvo para utilizar, vehículos blindados, para esto se utilizó, la empresa AyD, y al evaluar la diversa documentación encontrada, se descubrió que en realidad estos vehículos blindados fueron utilizados para trasladar a diversos personeros que iban a trabajar, o que iban a ser utilizados en la campaña electoral”, añadió.
Sostuvo que “queremos destacar que este servicio y alquiler de los vehículos era pagado por Banadesa, por medio de cheques no negociables, en un monto total de 4 millones 154 mil 020 lempiras, que supuestamente, era para pagar renta de vehículos blindados para ser utilizados en el proyecto Trab-Banadesa, como repetimos, fueron utilizados para trasladar a aquellas personas que trabajaban en las campañas políticas de aquella época”.
“El dinero fue utilizado entre el 4 de julio del 2013 al 19 de mayo del 2014, con un monto gastado de 11 millones 401 mil 151 lempiras que fueron usados mediante 104 débitos, retrata el informe de contaduría contable elaborado por UFECIC”, apuntó.
CAMPAÑA POLÍTICA
La segunda modalidad, que describió Calderón en la comparecencia de prensa fue el drenaje de fondos del Estado para la campaña política, “aquí solamente les voy a dar algunos ejemplos, porque para estos fines se utilizaron más de 6 millones de lempiras, uno de estos ejemplos lo constituye un consumo de alimentación de 700,500 sándwich, que fueron utilizados el 27 de enero del 2014 en el estadio Nacional, este pago fue autorizado por Carol Vanessa, sin haber cumplido con todos los requisitos para ser administradora de Casa Presidencial, y obviamente se hicieron giros a nombre de la empresa AyD, la cual era una empresa de fachada, estos 700,500 sándwich, tuvieron un costo de 862,500 lempiras.
Mientras tanto, “se habrían utilizado para servicios de publicidad, entre el 30 de octubre al 13 de diciembre del 2013, el Congreso Nacional emitió tres cheques que fueron depositados a la cuenta de AyD, estos ascendieron a una cantidad total de 706,320, que supuestamente eran para pagar servicios de publicidad, propaganda institucional, y otros eventos especiales del Congreso, sin embargo hasta la fecha no se tienen documentos que acrediten que han sido utilizados en esta publicidad oficial”.
“La empresa de Servicios AyD, giró un cheque por el monto de 700 mil lempiras, que fue cobrado en efectivo, y fue utilizado para el pago de hospedaje, a los asistentes de una convención de un partido político, esta convención se llamaba “Todos por una vida mejor”, que se realizó el 15 de marzo del 2014 en la ciudad de Comayagua”, remarcó.
También otras de las modalidades que se estableció, dijo Calderón fue que “a lo largo de esta investigación, es que se realizaron drenaje de fondos públicos para usos personales y se pudo detectar, diversos depósitos que salían desde la cuenta de AyD, a las cuentas personales de Karol Izaguirre, inclusive, se giraron cheques, para pagar su tarjeta de débito”.
CARROS BLINDADOS
Calderón remarcó que “aquí se trató del alquiler ficticio de vehículos que fueron utilizados por algunos funcionarios públicos o por sus familiares, para su uso personal, los fondos con los que se rentaron estos vehículos, provenían de tres fundaciones o tres proyectos de bienestar social, del Bono 10,000, de la fundación social Funasol, y el proyecto capital semilla”.
“Este caso se sustenta por las declaraciones de testigos protegidos, el cual cuenta con la garantía de un juez, nos ayudó a sustentar la información que ya teníamos del caso “Pandora”, que modalidad se utilizaron, ya que no era posible utilizar estos vehículos utilizando estos fondos, para funcionarios públicos, pero sí se podía hacer el favor del alquiler”, destacó.
“Un vehículo con placa PDE4483, fue traspasado el pasado 8 de febrero del año 2018, a la empresa “Golden Rent a Car”, alquilando este vehículo a Casa Presidencial, y finalmente el usuario que está utilizando este vehículo es la señorita Andrea Carolina Hernández, este vehículo se pagó con el capital semilla, otro automotor color blanco, fue utilizado inicialmente como alquilado, y fue traspasado a Carlo Roberto Castillo Andino, quien a su vez, lo traspasó a Leni Isabel Martínez Torres, el cual era esposa del entonces presidente de Banadesa, Yoni Handal, ella utilizó este vehículo de placa, PDE9084 para adquirir el vehículo que vemos acá, y este otro vehículo fue vendido después de cumplir su función a una tercera persona. Hoy en día se ha procedido a asegurar este primer carro”, prosiguió.
Otro de los aseguramientos automotrices fue el de una Ford Explorer, de placa PDE 9079 que era utilizado por Gallardo Salgado, en su condición de funcionario de Banadesa.
El vehículo de placa PDM 5759 fue asignado a Marlon Daniel Salgado Méndez, hijo de Gallardo Salgado, y finalmente el vehículo PDE 9085, también fue adquirido, todos a través del capital semilla, este vehículo que supuestamente estaba arrendado, pero pasó a ser traspasado a la empresa inversiones Evis, de la cual los gerentes son Ana Beatriz Solís, y David Ortiz Hawit, que era el gerente de finanzas de Banadesa.
Por último, otros 4 vehículos, surgen o fueron pagados por capital semilla, y sirvieron para beneficiar a personas, como Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, y José Antonio Galdámez Fuentes, ambos socios de la empresa de la empresa Distribuidora Monters, esta empresa también ha sido asegurada, finalizó.