Cuatro de los siete encausados en el denominado caso “Corrupción sobre ruedas” fueron capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público, ayer en la mañana, en diferentes puntos de la capital.
Los ahora detenidos forman parte de la acusación que fue presentada por el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), Luis Javier Santos, en horas de la tarde del lunes.
El primer acusado por la UFECIC en el requerimiento fiscal es Juan Ramón Maradiaga Franco, en su condición de gerente administrativo de Banadesa, por delitos de abuso de autoridad, 17 delitos de fraude y por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos, fue detenido en la colonia Bendeck de la capital.
También ha sido incluido en la acusación, Elmer Jovani Ordóñez Espinal, como autor de 43 delitos de fraude, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos, fue aprehendido en las instalaciones de Banadesa.
Asimismo, fue puesto a la orden del Juzgado, el señor Carlos Josué Romero Puerto, autor de 43 delitos de fraude, lo detuvieron en la residencial Altos de la Granja de Comayagüela.
De igual forma, se capturó por parte de la ATIC en la colonia Centroamericana de la capital a Gonzalo Molina Solórzano acusado de 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.
Estas cuatro personas fueron trasladadas desde las instalaciones de la ATIC en Comayagüela a eso de las 11:00 de la mañana, hasta los juzgados en Materia de Corrupción, para la audiencia de declaración de imputados que comenzó a las 3:00 de la tarde.
La audiencia se extendió hasta las 7:00 de la noche, por lo que la juez que conoció la causa les dictó las medidas cautelares como ser de presentarse a firmar al Juzgado en Materia de Corrupción los días jueves y no salir del país y la audiencia inicial quedó programada para el próximo viernes 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
FALTAN POR DETENER
Otros de los acusados que aún no han sido capturados y que no se descarta su entrega hoy son David Eduardo Ortiz Handal, en su condición de gerente financiero de Banadesa, por 17 delitos de fraude, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, como cómplice necesaria de 18 delitos de fraude, Claudia Yamila Noriega González, cómplice necesaria de 17 delitos de fraude, y finalmente, Harvin Edulfo Herrera Carballo, en su condición de gerente administrativo de Casa Presidencial como responsable del delito de abuso de autoridad.
La acusación plasmada en el requerimiento fiscal es que exfuncionarios públicos al parecer violentaron sus deberes de proteger el patrimonio del Estado, conformaron una estructura para drenar fondos del Estado, así tenemos que los funcionarios públicos en este caso son, David Eduardo Ortiz Handal, Juan Ramón Maradiaga Franco y Carlos Josué Romero Puerto, que era coordinador del proyecto Banadesa Bono diez mil.
En este caso se señala a título de cómplices necesarias a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González, ambas no participaron en los hechos como funcionarias públicas pero sí como testaferros, es decir como particulares que colaboraron con funcionarios públicos para drenar fondos del Estado, quienes lo utilizaron y porque nosotros hemos denominado este caso como “Corrupción sobre Ruedas”, se destaca en la acusación.
Carlos Silva portavoz de la Corte Suprema de Justicia, explicó al culminar la audiencia que las personas que faltan, supuestamente una de ellas, se someterá a audiencia de declaración de imputados hoy a las 9:00 de la mañana, y mientras tanto dos más lo harán mañana jueves a las 10:00 de la mañana.
AMPARO
No obstante, el defensor Jaime Rodríguez quien representa en esta causa a la señora Carol Vanessa Alvarado presentó una acción de amparo por deliveradas violaciones de derechos y garantías fundamentales, debido a la admisión de la solicitud de declaración testifical con las modalidades de prueba anticipada emitida por la juez en Materia de Corrupción a la que consideran que no es competente para conocer ese tipo de solicitudes y se anule la misma.
Además considera el togado que se trata de delitos conexos, porque la declaración anticipada del viernes anterior, fue la base para la presentación del requerimiento fiscal.
Asimismo, “este caso esta relacionado con el caso “Pandora” que lo conoce un juez natural y por lo tanto, no debe de ser conocido por el Juzgado en Materia de Corrupción sino por el juez natural designado”.
ONCE MILLONES
El primer medio que se utilizó, según los señalamientos es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), bajo el proyecto Bono diez mil, que tenía como objetivo, entregar beneficios, a personas de la tercera edad, juvenil y con discapacidades especiales, acción que no se cumplió.
Para cometer los hechos criminosos que fueron investigados, presentados y acusados a los antes mencionados, se utilizó una empresa de fachada denominada, empresa Servicios e Inversiones AyD, que fue creada por las cómplices necesarias, Alvarado Izaguirre y Noriega González, para el manejo de fondos que estaban destinados finalmente, para el financiamiento de campañas políticas, y también para fines personales, el monto que se utilizó entre el 4 de julio del 2013, al 24 de mayo del 2015, consistió en 11 millones 401 mil 151 lempiras aproximadamente, con un total de 104 débitos.
Otro de los destinos a dinero público fue el alquiler de los vehículos blindados que fueron pagados por la empresa AyD mediante cheques no negociables por un monto de 4 millones 154 mil 20 lempiras. Los automotores eran usados por personajes políticos que andaban en campaña política.
En las acciones de captura se efectuaron las medidas de aseguramiento de varios vehículos lujosos y la empresa Representaciones Montes y Distribuidora de Productos, de quienes Carol Vanessa Alvarado y José Antonio Galdames son socios.