Por Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Cuando el gobierno de Salvador Allende sufría la peor de las crisis económicas, la derecha ilustrada -con la ayuda de los EE UU, vio la oportunidad de oro para intervenir militarmente y matar dos pájaros de un solo tiro: deponer al régimen comunista -presea dorada en la Guerra Fría-, y trazar el rumbo económico de un nuevo país, necesitado de reformas institucionales contundentes.
Los ciudadanos votaron por la Unidad Popular en 1970, no porque había consciencia de clase, como aseguraban los marxistas, sino porque, al dar el espaldarazo a los socialistas, los chilenos apostaban a mejorar la economía, en un país donde la población crecía al 98 por ciento entre 1920 y 1960, y, en 1968 la pobreza extrema se concentraba en las ciudades con un 68 por ciento, y un desempleo cada vez más galopante.
Pero la UP no hizo, sino, acrecentar el sufrimiento de los chilenos. Los indicadores macroeconómicos fueron un desastre y la escasez de los comestibles comenzó a fustigar la paciencia de los ciudadanos. Al producirse el golpe militar en septiembre de 1973, la política y la economía se replantean en Chile. Al principio, el general Pinochet pensó que gobernaría como cualquier otro militar del continente: con la bota puesta sobre las leyes para imponer autoridad y orden, pero sin brújula para guiar la economía nacional. De todos modos, tuvo que imponerla cuando un grupo de economistas liberales, propusieron llevar el país por la senda del capitalismo, contribuyendo a que la competitividad chilena se convirtiera en el bastión de la economía. En medio de la condena mundial, los economistas aconsejaron a Pinochet que aplicara las medidas liberales, primero, durante una fase de estabilización que estimulara el ahorro vía reducción del gasto, incluyendo el achicamiento del inmenso aparato estatal dejado por los socialistas, para luego, en una segunda etapa, volverse más competitivos en el mercado mundial, y comenzar a generar la riqueza necesaria que facilita, como todos sabemos, la inversión social.
Sin esa revolución liberal y sin el apoyo político de los militares, Chile no sería el primer país desarrollado del continente. Es cierto -como dice Alain Touraine-, que la economía liberal sirve a los intereses de clase, pero no menos cierto es que se puede gobernar para las élites, tanto como para el beneficio de la gente. Los ciudadanos no quieren regalos, sino, oportunidades para poner a prueba sus virtudes y mejorar sus vidas, en un mundo cada vez más consumista, donde, el que no trabaja, come… cosas de muy baja calidad nutritiva.
Si, como en el Chile que va de Pinochet a Piñera, en nuestro país la política estuviera al servicio de intereses colectivos -sin pretender usar la jerga de la izquierda-, donde los procesos de elección implicaran la mayor representatividad posible, abierta y transparente, no la democracia de los partidos poderosos, entonces las cosas cambiarían sustancialmente. ¿Qué parte de los informes de las Naciones Unidas, incluyendo el Banco Mundial, no han entendido nuestros políticos y las élites económicas? Somos el país más pobre de América Latina, y nuestra gente más miserable vive con menos de dos dólares al día. Por si esto fuera poco, la inversión extranjera directa ha crecido apenas en un 3.4 por ciento, lo cual significa, nada.
Las cosas no podrían estar peor, al mismo tiempo que los políticos se preocupan más por las reformas electorales que por diseñar un planteamiento económico serio y revolucionario. Para eso se necesita inteligencia y hombría como la que tuvieron aquellos chilenos visionarios y patriotas de 1973 en adelante.