Al menos una decena de policías están siendo investigados este mes, por utilizar sus armas de fuego durante las protestas de habitantes en El Hatillo, El Chimbo y la salida hacia Olancho, en tres eventos, que se han registrado sobre uso excesivo de la fuerza para disipar las manifestaciones y desbloquear las calles.
En el caso de El Hatillo, seis policías están siendo investigados, por haber disparado a bala viva contra los manifestantes en el sector del Parque La Tigra, confirmó ayer el director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), Allan Argueñal, quien aclaró que en cuanto al uso de bombas lacrimógenas “es un mecanismo permitido para disolver manifestaciones, lo que no es correcto es el uso de armas”.
La denuncia se abrió el 10 de septiembre junto a una fotografía que circuló de un policía utilizando una honda, todos estos casos se están investigando, al igual que los casos que se dieron a conocer el día martes donde en las manifestaciones se vieron balas vivas.
En ese entonces, Argeñal mencionó que se abrieron los expedientes investigativos para aplicarles la ley a los policías que dispararon con sus armas de reglamento en las manifestaciones de pobladores que se oponen al proyecto habitacional “Bosques de Santa María”, cercano a la zona protegida de La Tigra.
“Afirmativamente, estamos en la obligación conforme a lo establecido por la ley en proceder a realizar una investigación sobre los acontecimientos dados en la protesta del sector El Hatillo”.
Por su parte el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó su preocupación por el uso de armas de fuego, en las manifestaciones de protesta social, por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, calificando los actos de “delicado” reprochando que “una autoridad del Estado haga uso del arma de fuego, en una manifestación de tipo social, sin agotar previamente el diálogo, es grave ya que conocen bien las normas internacionales relativas a los principios que regulan el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. (SA)