Por José Rolando Sarmiento
Esta información surge del dirigente de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a quien conocimos durante sus visitas a Honduras en los años 80s, cuando la discutida presencia de los llamados Contras nicaragüenses en el borde fronterizo del departamento de El Paraíso con Nicaragua, en la lejana zona de Yamales y El Español, luego en julio de 1984 en la sede de HRW en Washington, para la presentación de la edición en inglés y español del libro de Leo Valladares, sobre el tema de desaparecidos del conflicto, patrocinado por dicha organización humanitaria, del cual guardamos una copia que nos entregaron a los presentes, entre ellos, Crescencio Arcos, exembajador norteamericano en Tegucigalpa y Jacobo Goldstein, corresponsal hondureño en la Casa Blanca.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería establecer una comisión que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela como los casos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y asegurar a las víctimas justicia y reparaciones, sugirió Human Rights Watch (HRW). José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRWatch, dijo que el consejo durante su período de sesiones de septiembre tiene la responsabilidad de crear un mecanismo que investigue “los aberrantes abusos ocurridos en Venezuela, identifique a los responsables y, en lo posible, establezca la cadena de mando”.
La sugerencia se planteó en un documento de HRW elaborado con 11 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales que han monitoreado y documentado desde hace años el deterioro constante de la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. “Las víctimas de la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela merecen una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos que asegure el respeto de su derecho a la verdad, justicia y reparaciones”, enfatizó Vivanco.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará ante el consejo un informe de actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el 10 de septiembre. Vivanco explicó que esta presentación, que se realiza tras un informe lapidario publicado por la oficina de Bachelet en julio, es el último paso exigido por la resolución del consejo sobre Venezuela adoptada en septiembre de 2018, que fue la primera sobre este país. “Las víctimas de la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela merecen una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos que asegure el respeto de su derecho a la verdad, justicia y reparaciones”, enfatizó Vivanco.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería otorgar un mandato sólido y claramente definido a la comisión de investigación para que examine casos de torturas y trato inhumano, detenciones arbitrarias, discriminación, desapariciones forzadas y violaciones de la libertad de expresión, el derecho a la vida y los derechos a la salud y la alimentación, sostuvieron las organizaciones en el documento divulgado este jueves. Otra de las solicitudes es dotar a la comisión de recursos suficientes para investigar e informar al consejo sobre estas violaciones de derechos dentro de un plazo determinado, y estipular que deberá transmitir sus hallazgos al Secretario General de la ONU y a organismos de la ONU pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un ámbito que permite que países o un grupo de países, incluso a nivel regional, movilicen apoyos para abordar esta crisis de derechos humanos y por ello las organizaciones consideran que el Grupo de Lima podría liderar los esfuerzos para crear una comisión de investigación. Aclararon que esta comisión no reemplazaría la investigación penal de delitos específicos. Sin embargo, la información que recabé podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018.
Si se crea una comisión de investigación, las autoridades venezolanas deberían cooperar plenamente con esta, entre otras cosas, brindándole acceso al país y respondiendo a los pedidos de documentación y de entrevistas con funcionarios pertinentes, se indicó en el documento. “No obstante, la eventual negativa de las autoridades de Venezuela a colaborar con la comisión no debería impedir que los comisionados lleven a cabo su tarea”, afirmaron las organizaciones. El informe elaborado por la oficina de Bachelet documentó abusos que son consistentes con sus publicaciones anteriores que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.