EL presidente salvadoreño celebró el acuerdo alcanzado con la OEA para instalar en su país la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES). Sin embargo, ya los escépticos comenzaron a cuestionar los alcances de dicha comisión lanzada por Bukele y el mexicano de la OEA que elaboró y suscribió el convenio, “No obstante, el organismo anunciado –lee el cable internacional– guarda importantes distancias con la comisión contra la impunidad de Guatemala, con la que se esperaba fueran gemelas”. Periodistas salvadoreños se apresuraron a reprochar: “Lo que está anunciando Bukele no es una CICIG, ni una MACCIH, es la creación de una serie de oficinas dependientes del Ejecutivo para perseguir la corrupción (de otros, no la propia, parece), ignoraron todas las recomendaciones sobre la autonomía de la comisión”.
El convenio de la CICIES no va a aprobación del Congreso Nacional como ocurrió aquí en Honduras, cuando el Ejecutivo y la OEA acordaron montar la MACCIH para aplacar el movimiento de las antorchas que exigían una CICIG. La aprobación del Legislativo dio a esa comisión fiscalizadora no solo una dimensión de mayor peso institucional sino, para efectos de la opinión pública, de algo que no dependía del ámbito del Poder Ejecutivo. Para aquellos días se congratularon que la MACCIH escudriñaría –“para ir más allá”– no solo en las esferas de la Fiscalía sino de la Policía y del Poder Judicial. “El mandatario salvadoreño señaló en una conferencia de prensa –a la que se negó el acceso de al menos a dos medios de comunicación críticos con la actual administración– que el campo de batalla de la CICIES serán las 105 instituciones que componen el Ejecutivo”. “Esto significa –arguyen los despachos noticiosos– que no tendrá poder sobre los otros dos órganos de Estado”. “Tampoco podrá actuar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República (PGR), Corte de Cuentas de la República (CCR), Fiscalía General de la República (FGR) y las alcaldías”. Como se ve, el gobierno salvadoreño negoció algo muy distinto con la OEA, de lo que tuvieron los guatemaltecos con la CICIG, que ahora pasó a mejor vida, e incluso de la comisión hondureña cuya gestión va a ser prorrogada “sin debilitarla en su mandato” según líneas dadas en un twitter por la embajada norteamericana. “El mandatario salvadoreño sostuvo que también creará una unidad contra la corrupción al interior de la Policía Nacional Civil (PNC), que estará vinculada directamente con la CICIES”. “Aseguró que el cuerpo de seguridad tiene ‘la atribución constitucional de investigar el delito’”.
Sin embargo –cuestionan juristas salvadoreños– la Constitución del país centroamericano establece que la entidad encargada de dirigir la “investigación del delito” es la Fiscalía y añade que la PNC tiene a su cargo la “colaboración en el procedimiento de investigación”. “La carta magna también apunta que a la Fiscalía le corresponde promover la acción penal”, es decir, llevar los casos ante los tribunales, atribución que no tiene la PNC”. Sectores de la sociedad civil salvadoreña opinan que “si los diputados del Congreso no otorgan poderes similares a los de la Fiscalía, la CICIES únicamente podrá llevar sus investigaciones ante los tribunales con la ayuda del Ministerio Público”. “No va a ser utilizada para persecución política” –aseguró Bukele en referencia a los sectores, incluida la empresa privada– que temen que se utilice para atacar a los adversarios del mandatario.
Como se sabe en Guatemala la CICIG, junto con su temible fiscal colombiano, fue echada del país. Jimmy –quien trasladó su sede diplomática a Jerusalén y suscribió el convenio con Washington de “tercer país seguro”– no prorrogó su mandato que venció el 3 de septiembre de este año. Improbable que el nuevo gobierno la regrese –el político que acaba de ganar las elecciones estuvo preso varios meses por delitos imputados por la CICIG en su contra cuando fue director de prisiones– así que en la región solo operarían la MACCIH en Honduras y la recién creada CICIES, ambas ligadas a la OEA.