LOS dirigentes de las sociedades antiguas y modernas que se han preocupado por el bienestar de sus habitantes, han adoptado casi siempre algunas “medidas precautorias” para que la mayoría de los ciudadanos logren mantenerse más o menos saludables, frente a los imprevistos, tales como los inevitables siniestros naturales, las enfermedades endémicas, las hambrunas, las sequías y los posibles atentados a las personas ilustres de cada grupo civilizado.
Quizás para lo que nunca se han preparado los dirigentes, sea para enfrentarse a las guerras asoladoras que destruyen, predominantemente, el bienestar y las vidas de los civiles indefensos, sean estos ancianos, mujeres o niños, o todos incluidos, que se encuentran a expensas de las invasiones inesperadas, de los violadores, de los bombardeos y de otras calamidades que se observan en las guerras civiles y en las internacionales.
Los consejos de ancianos, los senados y los tribunales de justicia, aparecieron cuando los grupos civilizados comenzaron a madurar, y se dieron cuenta que era indispensable sofrenar y neutralizar los odios personales y familiares, de tal suerte que las primeras instituciones rudimentarias del Estado fueron las encargadas de manejar estos problemas instintivos, que a pesar de remontarse a los tiempos prehistóricos, es un fenómeno que se ha prolongado durante todos los siglos civilizados, pero eso sí, bajo la vigilancia de la sociedad, de los medios de comunicación y de las autoridades.
Sin embargo, en las últimas décadas hemos detectado un descuido estratégico respecto de la seguridad general del ciudadano de la calle, asediado por la delincuencia común y por aquellos lobos solitarios a quienes les encanta hacer tiroteos en las escuelas, en las iglesias, en los centros comerciales y en otras partes. Dentro de esta problemática se destacan algunos individuos encargados de materializar acciones de sicariato impune contra los periodistas, los sacerdotes, personalidades públicas y algunos escritores prominentes.
En el caso de nuestra Honduras se pueden contabilizar cuando menos setenta y nueve (79) periodistas y comunicadores sociales asesinados en los últimos diecinueve años. La cifra comienza a convertirse en algo alarmante en nuestra sociedad.
De muy poco sirve que las autoridades ofrezcan a los familiares investigar y dar con el paradero de los malhechores. En primer lugar porque nadie devuelve a la vida a los seres queridos víctimas de los homicidios. Y en segundo lugar porque detrás de los sicarios encargados de ejecutar cada crimen, se encuentran “los autores intelectuales” de los mismos, que pagan y ordenan esas fechorías, y que pocas veces se mencionan en los juzgados y en la prensa hablada o escrita.
Es tan grave la situación que un asesinato puede ser ordenado, inclusive, por problemas de faldas, por peleas de herencias, por calumnias o por simple envidia. Nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que no existe ninguna estrategia para proteger anticipadamente a los periodistas ni mucho menos a los escritores. La protección sugerida debe ir más allá de lo coyuntural. Es decir, debe ser permanente, al margen que haya o no haya amenazas inmediatas. Pues siempre aparece algún lunático, o algún drogadicto, dispuestos a violentar las normas básicas de urbanidad y el sacrosanto respeto a la vida.